Una treintena de universidades privadas que forman parte del Foro Emilia Pardo Bazán rechazaron el proyecto de real decreto por el que se modifican las normas para la creación, el reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios del país.

El proyecto, actualmente en fase de tramitación urgente por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, propone una reforma al Real Decreto 640/2021. El Gobierno ofreció un período de información pública abierto desde el día 2 hasta el 11 de abril de 2025, en el cual todas las propuestas debían remitirse a la dirección de correo electrónico [email protected].

El Foro Emilia Pardo Bazán dijo a través de un comunicado que el real decreto de creación de nuevas universidades planteaba exigencias «inaceptables» que genera «una grave inseguridad jurídica», según la agencia EFE que tuvo acceso al documento.

El texto «parte de un planteamiento erróneo y ofrece una visión distorsionada de las universidades privadas. Estas, al igual que las de titularidad pública, contribuyen a la diversidad del sistema educativo y a garantizar el principio de igualdad de acceso a la Educación Superior», dice el comunicado.

La posición del Foro es de carácter «unánime» y «crítica» en contra del proyecto del real decreto.

El Foro pidió al secretario general de Universidades, Paco García, con el que se tuvo un encuentro, «reconsiderar el contenido» del decreto porque las medidas «amenazan la estabilidad de las universidades y siembran incertidumbre sobre su futuro y el de todos los estudiantes universitarios».

«Genera una grave inseguridad jurídica y vulnera principios fundamentales como el de irretroactividad, al imponer nuevas obligaciones y requisitos sobrevenidos que afectan a derechos adquiridos por las instituciones, sin siquiera haber finalizado los plazos establecidos en el Real Decreto actualmente vigente», señalan en un comunicado.

Uno de los puntos que ha causado rechazo, que también fue manifestado días atrás por la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades (CCS), a través de una carta enviada al Gobierno, es que se requieren 4500 alumnos para acreditar el título de Universidad.

Las Universidades privadas también alegaron contra la pretensión de limitar el número de nuevos planes de estudios que se pueden presentar a verificación y modificación, «puesto que limita la capacidad de innovación y la adaptación a las necesidades cambiantes de la sociedad actual». En su opinión, el proyecto «invade la autonomía de las universidades, tanto públicas como privadas, imponiendo normas que limitan su capacidad de autogobierno».

Según el Foro Emilia Pardo Bazán, las medidas planteadas «no son idóneas» para alcanzar los fines que manifiestan perseguir, «ya que establecen restricciones que dificultan el desarrollo de un sistema universitario plural, competitivo y de calidad».

También lamentaron que no hubiera debate alguno para la reforma de ley.

El proyecto del real decreto «no responde adecuadamente a la realidad ni a las necesidades del sistema universitario en su conjunto», concluyeron las universidades.

Según el catedrático Ramón Soriano, «el Gobierno ha recurrido a la comodidad de un real decreto por el trámite de urgencia, que impide un asunto tan relevante como es el derecho a la educación, el debate parlamentario. Al menos, el Gobierno debía haber optado por un decreto ley para permitir un mínimo debate y una votación final en el Congreso de los Diputados».

«Todo lo que vaya buscando la calidad estamos de acuerdo […] Son cosas de muchísimo sentido común […]. Lo que llama la atención es que el Gobierno dejó de hacer un decreto hace cuatro años, un Real Decreto, y una ley hace dos, ahora de pronto se pone a hacer cambios», declaró José Carlos Gómez Villamandos, consejero de la Universidad de Andalucía en una entrevista televisiva.

Rechazo y recomendaciones de la CCS

La Conferencia de Consejos Sociales (CCS) de las Universidades Españolas ha expresado su rechazo a la propuesta de un Real Decreto del Gobierno sobre el requisito de alcanzar un mínimo de 4500 alumnos para mantener el estatus de una universidad privada y envió una carta sugiriendo 13 mejoras al documento.

Las mejoras propuestas pretenden evitar «rigideces normativas que limiten la innovación o la especialización» y mantener «un equilibrio entre calidad y libertad institucional», dijo la CCS el 9 de abril.

Los requisitos rechazados por la CCS sugieren que la Universidad de Cartagena —con 4395 alumnos— y la Universidad de La Rioja —con 3582— no alcanzarían el nivel de alumnado mínimo que ahora se exige a las universidades privadas, según datos compartidos por Debate, sobre el curso 2022-2023.

«No se trata únicamente de establecer requisitos de entrada al sistema, sino de garantizar mecanismos eficaces de seguimiento que verifiquen, a lo largo del tiempo, que las universidades mantienen el nivel de calidad exigido. Este principio debe aplicarse con independencia de la naturaleza pública o privada de la institución», dicen la conferencia.

Para ello mencionó la necesidad de reforzar a estas agencias que emiten los informes favorables o desfavorables y exigió dotarlas de «más autonomía, recursos y reconocimiento internacional, para que puedan desempeñar su función con garantías y sin interferencias políticas o institucionales».

La CCS también apuntó a la interpretación del artículo relativo a la naturaleza de los centros universitarios y dijo que «la redacción actual del decreto puede generar dudas sobre si las universidades pueden tener centros adscritos que impartan formación no oficial, como microcredenciales, formación continua o formación profesional de grado superior»

También rechazó que las universidades virtuales «deban pasar por un procedimiento distinto a las universidades presenciales que implique la aprobación de las Cortes Generales».

«Todos los centros deben evaluarse con criterios de calidad, con independencia de la modalidad de impartición», señaló la CCS, abogando por una neutralidad en el tratamiento de universidades presenciales y virtuales.

El real decreto

Al presentar el proyecto de real decreto de reforma, el Ministerio de Universidades dijo que «las circunstancias que rodean al sistema universitario español en la actualidad y los movimientos internacionales dominantes hacia una mayor globalización, internalización y competitividad en el sector de la educación superior, llevan a afrontar esta reforma para actualizar el marco regulador», sugiriendo que de esta manera encauzan y preparan a las universidades «para los próximos y mayores niveles de competitividad, apertura y complejización».

«El objetivo general de la norma es garantizar la calidad global del sistema universitario español a partir de la garantía, a su vez, de la calidad integral académica de cada proyecto universitario, tanto los de nueva creación como los ya existentes», afirma el Ministerio.

Al divulgar el proyecto, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, dijo el 8 de abril que en los últimos 25 años no se ha creado ninguna universidad pública en nuestro país, pero se han creado 26 universidades privadas, y hay diez peticiones más sobre la mesa para universidades privadas y que mientras tanto lo que se está haciendo es precarizar y maltratar a la universidad pública.

Según los datos presentados en la propuesta, entre 1985 y 2024 el número de estudiantes universitarios se ha duplicado en España, llegando en el presente curso 2024-2025 al máximo histórico de estudiantes matriculados en estudios de Grado, Máster y Doctorado. En 1983, año en el que se aprobó la Ley de Reforma Universitaria, había en España 33 universidades públicas y 4 privadas, mientras que en el año 2024 se contabilizaban 50 universidades públicas y 46 universidades privadas.

En el curso 2024-2025, el número de estudiantes matriculados en universidades privadas, y en centros privados adscritos a universidades públicas, supera ya los 550 000 alumnos, es decir, un 31 % del total, y en Másteres Universitarios este indicador alcanza el 51 %.

«Como referente comparativo cabe indicar que, en Alemania, según Eurostat, en el curso 2022-2023 los centros privados agrupaban el 16 % del estudiantado universitario, en Italia el 19 %, en Francia del 24 %, en Suiza el 15 %, en Suecia el 6 % y en Dinamarca solo el 0,2 %», indican los datos presentados por la ministra.

En opinión del Ministerio, «los alumnos eligen prioritariamente la universidad pública, los profesores eligen la universidad pública para trabajar, pero no se están dando las plazas suficientes».

«Al día de hoy, si uno quería estudiar Medicina, o tienes un 13,5, o por la falta de oferta pública acabas abocado de manera obligatoria a cursar en la universidad privada», añade al referirse a la alta puntuación que tienen los alumnos que tratan de acceder a algunas universidades.

«Si se llegase a una situación de mayoría de plazas ofertadas por centros privados, puede acabar afectando significativamente a la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación superior de la población», según la opinión del Ministerio de Universidades.