El sindicato Manos Limpias presentó el 1 de julio una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por un presunto delito de prevaricación. La denuncia incluye al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y se fundamenta en la aprobación de la controvertida Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la «normalización institucional, política y social en Cataluña», validada por el pleno del Constitucional el 26 de junio por seis votos contra cuatro.
Según el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, la decisión del TC «vulnera el principio de igualdad ante la ley y la seguridad jurídica».
En entrevista con The Epoch Times España, Bernad asegura que «esa ley de amnistía es inconstitucional. Se gestó con un prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, y se lleva al Congreso de los Diputados con el voto favorable de esos delincuentes que se tenían que haber abstenido».
Según el voto discrepante del magistrado César Tolosa, la ley «representa con toda su crudeza el sometimiento del Derecho a la política» y «su resultado es el desplazamiento de la Constitución».
A esta opinión se sumaron los magistrados Ricardo Enríquez y Enrique Arnaldo, quienes también emitieron votos particulares que denunciaron la falta de coherencia constitucional del fallo. Arnaldo afirmó que el TC debió haber declarado la «inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la ley».
Bernad sostiene que, en efecto, el accionar del TC representa una prevaricación, ya que —según los denunciantes— estos jueces habrían validado la ley a sabiendas que es inconstitucional, a lo que se suma que los seis magistrados denunciados «fueron designados a dedo por el poder ejecutivo».
«Nadie se ha atrevido a denunciar a estos seis magistrados corruptos y ha tenido que ser Manos Limpias la que, una vez más, actúe en defensa de la legalidad vigente», declara.
¿Una ley de amnistía a la carta?
La ley de amnistía fue impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez como parte de los pactos de investidura con los partidos independentistas. Según el Ejecutivo, el objetivo fue «normalizar la convivencia» en Cataluña. Pero desde su presentación, la norma ha generado una intensa oposición jurídica y política.
La propia exposición de motivos de la ley fue criticada por juristas como por ejemplo los nucleados en la Fundación Hay Derecho, que publicaron en marzo del año pasado una dura editorial donde afirman que «estamos frente a una amnistía no ya inconstitucional sino contraria a los estándares mínimos exigibles en la Unión Europea».
También Enrique Gimbernat, catedrático emérito de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid, ha criticado a aquellos políticos y juristas que han intentado justificar que la amnistía es constitucional en España. «Se han revelado como lo que son: como inútiles», apuntó en una columna publicada en El Español.
La decisión del TC fue especialmente controvertida porque el tribunal desoyó una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el juez Manuel García-Castellón. El magistrado había solicitado la opinión del TJUE ante la duda de si la amnistía podía vulnerar el Derecho comunitario en materia de protección de los intereses financieros de la UE.
La justicia europea, último recurso
Bernad asegura que Manos Limpias también ha denunciado los hechos ante el TJUE. «Europa va a declarar la ley inconstitucional. Ya ha advertido que en España hay una regresión del Estado de derecho, y esto ha sido el colmo», afirmó.
En efecto, el Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea de 2024 advirtió sobre la falta de avances en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la creciente percepción de politización judicial.
Además, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), del Consejo de Europa, ha señalado en informes recientes la necesidad de proteger la independencia judicial frente a presiones externas.
En diálogo con The Epoch Times España, la abogada penalista Paula Fraga calificó la ley de amnistía como un acto de «corrupción política» que «quiebra el principio de legalidad y el principio de igualdad ante la ley». También advirtió que los intentos de controlar la carrera judicial responden a un intento deliberado de «dinamitar la independencia judicial».
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Cuando la justicia es parte del problema
La denuncia de Manos Limpias ha reactivado un viejo debate en la democracia española: la politización del Tribunal Constitucional. Según el artículo 159 de la Constitución, los doce magistrados del TC son nombrados por el Rey, pero propuestos por el Congreso, el Senado, el Gobierno y el CGPJ. Esta fórmula ha convertido al tribunal en un campo de tensiones partidistas.
Bajo el impacto de la amnistía, una encuesta de Sigma Dos de comienzos del año pasado, mostró que un abrumador 85,8 % de los españoles niega que «la Justicia sea igual para todos».
En este contexto, Bernad sostiene que «el Estado de derecho se ha quebrado. No existe el principio de legalidad. El Ejecutivo ha invadido el poder judicial y ha colocado a jueces a la carta».
El futuro de la querella depende ahora de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. «La pelota está en sus manos», dice Bernad. «Si no tienen la valentía de enjuiciar a sus compañeros del Constitucional, entonces España ya se ha convertido en una dictadura semejante a la bolivariana de Venezuela».
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