Comentario:
Un joven de 22 años en Andalucía, recién egresado de FP en hostelería, busca su primer empleo. Con ilusión, envía currículos a bares y hoteles. Pero el anuncio exige «experiencia mínima de dos años». ¿Por qué? Porque el salario mínimo interprofesional (SMI), ese suelo salarial que el Gobierno presenta como escudo contra la pobreza, ha encarecido tanto la contratación que los empresarios prefieren optar por veteranos o, peor, por trabajadores temporales que ya conocen el oficio.
La escena descrita no es ficción: es la realidad de España en este momento, donde el desempleo juvenil supera el 25 %, el más alto de la OCDE.
Pero, inclusive, la situación se podría agravar. Hoy, el comité de expertos asesores del Ministerio de Trabajo ha entregado su dictamen: subir el SMI el año próximo entre 37 y 56 euros mensuales, pasando de los actuales 1184 euros (en 14 pagas) a 1221 o 1240 euros. Un incremento del 3,1 % o 4,7 %.
La vicepresidente segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que «respetará» esta recomendación, y ha reiterado que el SMI no tributará en el IRPF gracias a una deducción en la Renta de 2026.
Suena bien, ¿verdad? Unos euros extra en el bolsillo de 2,5 millones de trabajadores de bajos ingresos, muchos de ellos en sectores como la agricultura o la limpieza.
Pero, ¿y si esa «ayuda» termina expulsando a miles del mercado laboral?
Economistas como Juan Ramón Rallo y Daniel Lacalle lo advierten desde hace años: el SMI no es un bálsamo social, sino un impuesto encubierto que distorsiona el mercado y castiga a los más vulnerables.
En un país donde el paro general se sitúa en el 10,5 % —líder en la OCDE—, esta propuesta llega, evidentemente, en un mal momento.
Pero, ¿qué es específicamente el SMI?
Es el sueldo mínimo legal que todo trabajador debe cobrar, independientemente de su convenio.
Fijado por el Gobierno desde 2018, ha subido un 61 % hasta los 1184 euros mensuales actuales.
La última revalorización, aprobada a comienzos de este año, sumó 50 euros —un 4,4 %— pero solo con el visto bueno de los sindicatos CCOO y UGT. Las patronales CEOE y Cepyme se bajaron del carro por cuarta vez consecutiva.
El comité que hoy ha hablado —creado en enero de 2021 con representantes del Ejecutivo, sindicatos y académicos— busca un consenso técnico. Propone dos escenarios: uno modesto, sin impuestos, para no erosionar el neto; y otro ambicioso, con tributación, pero más alineado con el 60 % del salario medio neto de la Encuesta de Estructura Salarial (EES) de 2023.
Sin embargo, CEOE replica con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del año pasado: según ellos, el SMI ya supera ese umbral.
De hecho, según una investigación desarrollada por Fernando Pinto, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, para el año 2023 había menos de 3 % de diferencia entre el SMI y el salario más frecuente.
«Los sueldos en España han sufrido un cambio de paradigma en los últimos años y no necesariamente para mejor, ya que el salario mínimo interprofesional va camino de convertirse en el más frecuente en nuestro país», escribieron al respecto los periodistas Álvaro Moreno y Javier Esteban en una columna reciente en El economista.
«El SMI está tan desvinculado de la economía y el mercado laboral, que no ha tenido ningún ‘efecto arrastre’ positivo en las nóminas de los trabajadores que perciben un sueldo superior. De hecho, están perdiendo poder adquisitivo respecto a la inflación», aseguraron.
En este marco, el sector empresarial advierte que cada punto porcentual extra del SMI les cuesta unos 575 millones. Por eso han propuesto una subida de 1,5 % (hasta 1202 euros), lo que representa un coste bruto adicional de 862 millones de euros.
Los sindicatos, por su parte, han pedido un +7,5 % (hasta 1273 euros con impuestos incluidos), lo que dejaría un neto de 1216 euros, un 2,7 % más que ahora.
Pero, ¿quién paga la fiesta? Principalmente, las pymes —que representan el 99,8 % del tejido empresarial español— y los sectores intensivos en mano de obra barata.
Un «timo» que destruye empleo
Para muchos especialistas, no se trata de una mera discrepancia numérica sino de un error de fondo.
Daniel Lacalle, doctor en Economía y economista jefe de Tressis, ha calificado —en diálogo con El Español— al SMI como «un timo para subirte los impuestos».
«Claro, yo, gobierno, vengo y digo, ‘mira qué generoso soy, voy a subir el salario mínimo interprofesional’. ¿A quién afecta el salario mínimo? Aproximadamente, al 8 % de los trabajadores. ¿Y qué ocurre con el 92 % restante? Al otro 92 % lo crujes a impuestos subiendo las bases mínimas de cotización. Claro, eso es de libro», explica.
«En realidad, es una manera de subirle los impuestos al trabajo overtime de los ciudadanos», añade.
Lacalle concluye remarcando que «el salario mínimo interprofesional no hace nada».
«Si subir el SMI fuese la panacea, pues ¿por qué no lo ponen a 10 000 euros? Estaríamos todos forrándonos», sintetiza.
Juan Ramón Rallo, profesor en la IE University y decano de la Universidad Hespérides, coincide en el diagnóstico.
«Subir el salario mínimo sí destruye empleo en España», afirma en una columna en El Confidencial.
Basado en datos del Banco de España, Rallo estimó que la revalorización del SMI del año 2019 redujo el crecimiento del empleo en bajos salarios en 0,28 a 0,45 puntos porcentuales, equivalentes a 40 000-65 000 afiliados menos a la Seguridad Social.
La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) corrobora estas críticas en su informe de septiembre de este año: las subidas del SMI han frenado al menos 95 000 empleos entre 2019 y 2023, aunque su impacto macro sea «ligeramente positivo» en PIB (+0,1 puntos hasta 2050).
¿Quién pierde en esta ecuación?
Pongamos un caso concreto, como el de una panadería familiar en Madrid. Con el SMI actual en 1184 euros, tiene a dos trabajadores contratados.
Una subida a 1240 euros suma 112 euros mensuales adicionales en costes laborales (incluidas cotizaciones).
¿Qué hace el dueño? Si tiene la posibilidad, automatiza con una máquina de amasar (inversión de unos 5000 euros) y uno de los trabajadores —quizá el más joven— se va a la calle. O bien, traslada los costes actualizados al precio del pan, subiéndolo un 3 % —y erosionando el poder adquisitivo de todos—.
En este marco, son cada vez más las voces que proponen lo obvio: la desregulación. Es decir, eliminar o reducir el SMI, bajar el IRPF al trabajo (actualmente en un 19 % medio) y fomentar la negociación colectiva voluntaria.
«Una economía sin SMI simplemente ajusta los salarios a un nivel compatible con el pleno empleo», resume Rallo en una columna titulada Suprimamos el salario mínimo.
El economista cita como ejemplo a Estados Unidos, que cuadruplicó sus salarios reales entre 1820 y 1912, a pesar de que su población se multiplicó por diez y de que no contaban con SMI alguno.
«Lo que realmente necesitamos es suprimir esa prohibición legal a la contratación que se esconde tras el engañoso nombre de salario mínimo interprofesional», recomienda.
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Mientras la ministra Díaz convoca a agentes sociales —sin obligación de pacto—, el debate se calienta. ¿Optará por el 4,7 % de los expertos, ignorando a CEOE?
El reloj corre con 3,5 millones de parados efectivos.
En las calles de Sevilla, ese joven de hostelería espera una respuesta que no sea solo un cheque temporal, sino un mercado que lo valore por su esfuerzo, no por un umbral estatal.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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