El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha recibido la petición formal de Iberdrola, Endesa y Naturgy —propietarias de la central nuclear de Almaraz (Cáceres)— para prorrogar la vida útil de sus dos unidades hasta junio de 2030, una iniciativa que ha sido celebrada por la plataforma Sí Almaraz y colectivos locales, y rechazada por Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear. La decisión quedó ahora en manos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
La sociedad gestora Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, participada por las tres empresas, informó que el 30 de octubre aprobaron el envío de la solicitud oficial en una sesión extraordinaria de la Junta de Administradores y la Asamblea de Socios.
A su vez, anunció que «quiere reiterar su compromiso para seguir operando la Central Nuclear de Almaraz de forma segura, fiable y eficiente, manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las mejores centrales del mundo».
La decisión se basó en que la Central de Almaraz suministra más del 7 % de la electricidad consumida en España, cifra equivalente a 4 millones de hogares, dijo la compañía, añadiendo que «4000 personas trabajan en y para la central nuclear en su zona de influencia», además de 1200 personas adicionales que se incorporan en cada recarga. «La instalación es el principal motor socioeconómico de su entorno y una de las mayores industrias de Extremadura, generando puestos de trabajo de alta cualificación y larga duración, además de tener un efecto tractor sobre otras industrias».
También se argumenta que cerrar la central sin contar con alternativas claras y viables es un riesgo significativo para la seguridad del suministro eléctrico estable en España.
«Tenemos muchísima [energía] renovable. Pero cuando no hay Sol, cuando no hay agua y cuando no hay viento necesitamos una energía de respaldo, una energía estable y segura. Si vamos cerrando las centrales nucleares nos tenemos que apoyar en los ciclos combinados de gas», sostuvo el ingeniero de la central nuclear Almaraz, Juan Antonio Arjona, según la plataforma Sí Almaraz.
Una decisión del Gobierno
Fuentes del Ministerio confirmaron al Periódico de Energía que recibieron la solicitud y esta se trasladará al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), entidad reguladora, para que la evalúe y emita su informe.
Ignacio Araluce, presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, destacó en una entrevista en Onda Cero, que la decisión sobre el futuro de la central de Almaraz finalmente «no depende ya de las empresas propietarias», sino directamente «del Gobierno de la Nación».
Depende de que el Ejecutivo «dé su visto bueno para la prolongación de la licencia».
«Gran parte de la sociedad civil, los empresarios y las comunidades autónomas» consideran hoy la energía nuclear como «una pauta necesaria dentro del diseño energético», añadió.
Sí a Almaraz: «hablamos de esperanza para nuestras familias»
Fernando Sánchez, alcalde de Belvís de Monroy y Casas de Belví, y presidente de Sí a Almaraz, Sí al Futuro, declaró en X que la prórroga es un «gran paso adelante para la consecución del mantenimiento de su continuidad y cuando hablamos de continuidad hablamos de esperanza para nuestras familias; hablamos de un sustento para la economía y la industria de la zona; un futuro para los estudiantes y para los proveedores; hablamos de empleos de calidad; así que hablamos en definitiva de cosas positivas para todos».
Sánchez también destacó en X el hecho de que se está hablando del futuro de «4000 puestos de trabajo en una zona rural despoblada» donde «decenas de pueblos están condenados a desaparecer» con las medidas de cierre. Belvís de Monroy cuenta con 900 habitantes.
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Fuerte apoyo a la prórroga
La Presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (PP), pidió al Gobierno central que recapacite sobre el cierre de la Central Nuclear de Almaraz, dado que sus empresas propietarias han pedido oficialmente este jueves su continuidad.
Ante esta petición, Guardiola declaró que no aceptará que «Pedro Sánchez condene a Extremadura con el cierre de una de nuestras mayores fuentes de riqueza y empleo».
Centenares de personas, entre ellas el presidente de la Sociedad Nuclear Española, Paulo Jorge Domingues dos Santos, se congregaron en octubre en Navalmoral de la Mata para sellar un acuerdo entre más de 80 entidades, entre instituciones, empresas y asociaciones, constituyendo una «Alianza por Almaraz». El objetivo indicado por los firmantes era «revertir su cierre, previsto para 2027 y 2028, y ampliar su vida útil lo máximo que sea posible».
En apoyo a la prórroga, los representantes de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) visitaron a la central nuclear de Almaraz y manifestaron su preocupación ante el cierre previsto de los dos reactores de la planta, ya que supondría un impacto significativo para el suministro energético y la competitividad empresarial.
Compartiendo datos de la consultora Metys sobre un eventual cierre de la Central, indicaron que «este tendría un impacto negativo para la comarca de 124 millones de euros y de más de 200 millones en Extremadura. Además, en términos de empleo, se perderían más de 2000 empleos a nivel de Navalmoral de la Mata; 3800 en Extremadura y 15 300 a nivel nacional».
Según el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), Javier Peinado, que acompañó a la delegación, esta es una de las razones para oponerse al cierre. Además, de que hay importantes proyectos industriales pendientes que serán intensivos en el consumo de electricidad.
«¿Qué sentido tiene cortar una fuente que garantiza el suministro y poner en riesgo estos proyectos?», sostuvo Peinado.
La última renovación de la autorización de explotación de la Central Nuclear Almaraz, Unidades I y II se obtuvo en 2020. Esta tiene validez hasta el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I, y hasta el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II, «que serán las fechas de cese definitivo de explotación de estas Unidades», dice el Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, se está pidiendo una prórroga de tres años a la Unidad I y 2 años a la Unidad II.
En el documento de renovación se exigió que el titular deberá justificar la seguridad nuclear y la protección radiológica de la instalación a que deben ajustarse las operaciones a realizar en la instalación, desde el cese de la explotación hasta la concesión de la autorización de desmantelamiento, según se especifique en las Instrucciones Técnicas Complementarias que el Consejo de Seguridad Nuclear emita al respecto.
Ecologistas en Acción: Es «chantajear a la ciudadanía»
Cristina Rois, portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), manifestó esta semana su rechazo a lo que llamó una concesión de «un nuevo regalo a las nucleares rebajando o haciendo desaparecer» la tasa que deben pagar las compañías por el impacto de la actividad nuclear, según Ecologistas en Acción.
Rois acusó a María Guardiola de promover con la prórroga «una rebaja de 40 millones euros al año a las empresas nucleares en la tasa por el impacto de su actividad», siendo que «esta tasa, está destinada a alimentar un fondo que es insuficiente para la gestión durante siglos de los residuos nucleares».
En su opinión, el grupo de empresas nucleares «presiona de nuevo para evitar pagar por las consecuencias de su radiactivo negocio nuclear».
Por su parte, la activista extremeña Paca Blanco, advirtió de que con esta prórroga «se alejaría la posibilidad de un futuro digno para todas en Campo Arañuelo. Y cuando cierre, porque algún día lo hará, su legado serán los 126 contenedores con el combustible gastado que hay ahora, más otros 13 por cada década de prolongación de operación».
Estos «permanecerán ahí mucho tiempo, cuando ya no existan las empresas nucleares, hasta que otras generaciones se ocupen de darles un destino más seguro».
En opinión de los ecologistas, compartida el 29 de octubre, «la energía nuclear es poco flexible y más costosa que las renovables que acabarán tarde o temprano por sustituirla completamente y que la rentabilidad de la Central Nuclear de Almaraz depende de la socialización de sus pérdidas con dinero público».
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El plan de cierre
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), de 16 de marzo de 2021, contempló el cierre ordenado de las centrales nucleares españolas en el horizonte temporal 2027-2035, lo que fue confirmado en 2023 en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos.
El séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado por el Consejo de Ministros en 2023, es el documento en el que se estableció la política del Gobierno en materia de gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y el desmantelamiento y la clausura de las instalaciones nucleares.
Inicia el proceso de contratación de expertos en desmantelamiento
En abril del presente año, el Consejo de Ministros autorizó a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) la contratación del servicio de «Ingeniería para el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz».
Mientras no se autorice la prórroga, ENRESA, la empresa pública encargada de la gestión de residuos radiactivos y del desmantelamiento de centrales nucleares en España, deberá cumplir con el calendario de cierre de la central previsto.
La empresa pública tendrá que preparar la documentación reglamentaria para la futura solicitud de autorización de los servicios de ingeniería previstos en el contrato, dijo el Consejo de Ministros el 22 de abril a través de un comunicado.
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Aagesen informa su disposición a tramitar una prórroga
En junio, tras una intensa campaña de la plataforma Sí Almaraz, junto a un grupo de alcaldes y asociaciones empresariales de Extremadura, el Gobierno español anunció que tramitaría en los próximos días una prórroga de tres años para la central nuclear de Almaraz 1, ubicada en la provincia de Cáceres.
La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, informó sobre la disposición a tramitar la prórroga en una conversación con el secretario del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, después que las empresas accionistas —Iberdrola, Endesa y Naturgy— manifestaran su interés en prolongar la vida útil de la planta, dijo la agencia EFE el 2 de junio.
«Creo que la gente se ha concienciado del valor de la Central Nuclear de Almaraz», añadió Enrique Hueso, alcalde de Navalmoral de la Mata, el 3 de junio.
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El Consejo de Seguridad Nuclear dijo el 2 de junio que la Instrucción Técnica indica que el titular deberá remitir al Consejo los documentos oficiales dos años antes de la fecha límite de la autorización de explotación. El 1 de noviembre son dos años antes del cese de la Unidad Almaraz I y antes de la fecha fue presentada la solicitud de prórroga.
La construcción de la Central Nuclear de Almaraz, en la provincia de Cáceres, comenzó en 1972 con el movimiento de tierras, y en 1973 se colocó la primera carga de hormigón. La Unidad I comenzó a operar en 1981 y la Unidad II en 1983, cuando inició su operación comercial. Fuente: The Epoch Times España
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