El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha puesto en marcha una campaña específica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para vigilar el uso de algoritmos en las grandes empresas tecnológicas que operan en España.
La vicepresidente segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, lo anunció el 6 de noviembre durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados.
«Desde ya, hay en marcha una campaña de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para vigilar el uso de los algoritmos en las grandes tecnológicas que operan en nuestro país», declaró Díaz.
«Se llamen Uber, se llamen Cabify, se llamen Amazon, se llamen como se llamen. Vamos a vigilar el uso que estas empresas tienen sobre las y los trabajadores», indicó.
La ministra criticó duramente prácticas como el «modelo Amazon que permite que trabajen sus empleados 120 horas a la semana» o el empleo de «pulseras de vigilancia para ver el tiempo que ocupan los empleados cuando van al baño».
«No lo vamos a consentir», afirmó, añadiendo que actuarán «con contundencia» y recordando a los «magnates de las tecnoempresas en el mundo» que «en España los derechos laborales se respetan y se cumplen».
Esta ofensiva llega apenas una semana después de que trascendiera en la prensa española el anuncio de Amazon de un expediente de regulación de empleo (ERE) que podría afectar a un máximo de 1200 trabajadores en sus oficinas corporativas de Madrid (Amazon Digital Spain) y Barcelona (Amazon Spain Service). El ajuste representa algo más del 4 % de la plantilla total de la compañía en España, que asciende a 28 000 empleados.
La multinacional justifica el recorte en la necesidad de «mantener una estructura ágil y adecuada, reduciendo la burocracia, eliminando capas y redireccionando recursos» para invertir en grandes apuestas, según palabras de Beth Galetti, vicepresidente sénior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon.
El ERE forma parte de un plan global que eliminará cerca de 14 000 puestos corporativos en todo el mundo, mientras la empresa reportó un beneficio neto de 21 187 millones de dólares (unos 18 213 millones de euros) en el tercer trimestre de 2025, un 38,2 % más que el año anterior.
Yolanda Díaz ya había calificado previamente a Amazon como un «modelo de la vergüenza» por anunciar despidos con beneficios millonarios.
Sindicatos como CC. OO. rechazan el ERE y exigen transparencia, argumentando que «no existe justificación económica para un recorte de este calibre, cuando han sido precisamente las plantillas afectadas por el ERE las que han contribuido decisivamente al crecimiento exponencial de la empresa».
La campaña de inspección se ampara en normativas como la Ley 12/2021 (conocida como Ley Rider), que garantiza el derecho de los representantes de los trabajadores a ser informados sobre parámetros, reglas e instrucciones de algoritmos o sistemas de IA que afecten a condiciones de trabajo, acceso y mantenimiento del empleo. También se apoya en el Real Decreto Legislativo 2/2015, texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, que faculta a la Inspección para verificar el cumplimiento de obligaciones laborales, incluyendo registros de jornada y prevención de riesgos.
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Sin embargo, fuentes cercanas a la Inspección admiten limitaciones: solo pueden verificar tres aspectos —información a representantes, compatibilidad con prevención de riesgos psicosociales y exceso de horas—, ya que carecen de formación para analizar algoritmos complejos. La Plataforma de Directivas Europeas sobre algoritmos, pendiente de transposición plena, podría ampliar el control, pero España lleva un año sin activarla.
El anuncio ha generado debate. Sindicatos celebran la medida como imprescindible para frenar lo que consideran abusos del modelo laboral de las plataformas digitales, en tanto, empresarios tecnológicos argumentan que los algoritmos optimizan productividad, aunque reconocen la necesidad de transparencia.
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