El caso Brigitte Macron: relato de un juicio extraordinario con el trasfondo de un rumor global

Un informático, un profesor, un galerista, un ejecutivo de publicidad, un teniente de alcalde… Con edades de entre 41 y 65 años, estos diez hombres, vestidos de oscuro y con atuendo discreto, presentaban un aspecto anodino. Acusados de ciberacoso a Brigitte Macron por haber participado, a través de X (antes Twitter), en la difusión de una teoría de la conspiración según la cual la esposa del presidente sería en realidad un hombre —concretamente su hermano, Jean-Michel Trogneux—, comparecieron ante el Tribunal Penal de París el lunes 27 y el martes 28 de octubre.

Uno describió a la esposa del presidente como la «compañera valiente» de su marido. Otro la llamó «vieja mona» con «pechos hinchables». Un tercero incluso afirmó que «la tiene como un caballo» y republicó una foto de Brigitte Macron desnuda con un pene. Tras una avalancha de comentarios groseros e insultantes después de la publicación de una fotografía suya en traje de baño, Brigitte Macron presentó una denuncia por ciberacoso el 27 de agosto de 2024.

Durante dos días, el juicio, que osciló entre lo ridículo y lo trágico, dejó escenas de todo tipo: vistas, sin la presencia de Brigitte Macron, que combinaron confusión, indignación y reflexión sobre los límites de la libertad de expresión. ¿Dónde termina la sátira y dónde empieza el acoso? ¿Abarca todo la libertad de expresión? ¿Deben las figuras públicas ser tratadas como cualquier otro ciudadano? ¿Puede el sistema judicial celebrar un «juicio espectáculo» procesando solo a un puñado de usuarios arrastrados por la vorágine digital de un fenómeno viral?

«Es el espíritu de Charlie»

Durante las audiencias, los diez acusados invocaron argumentos similares: humor, sátira y libertad de expresión. Varios alegaron actuar con el «espíritu de Charlie», el principio del derecho a burlarse, incluso hasta escandalizar, sin temor a repercusiones legales. En varias ocasiones, el presidente del tribunal recalcó que el caso no se regía por la ley de 1881 sobre la libertad de prensa, como ocurre con la difamación, sino por la ley contra el ciberacoso.

Muchos de los acusados, cuyas cuentas tenían pocos seguidores, parecían desconcertados. «Me pregunto qué hago aquí», dijo Jérôme A. con voz apagada, denunciando un procedimiento desproporcionado «por unos cuantos tuits» y unos pocos «me gusta».

Tras sus pequeñas gafas redondas, este informático de 49 años, residente en Suiza, divorciado y sin hijos a su cargo, se defendió sin inmutarse: «La señora Macron no habría podido ver mis tuits, tengo una cuenta muy pequeña», afirmó, señalando que solo tenía 400 seguidores y que, de los 36 000 mensajes publicados o compartidos desde 2022, se le reprochan nueve tuits, difundidos en cuatro meses. «Todas las personas poderosas son objeto de millones de tuits de todo tipo», añadió, restando importancia a la situación y alegando que utilizaba «humor al estilo de Charlie Hebdo».

Compartió un mensaje de la cuenta Verity France según el cual «si Brigitte fuera realmente una mujer, Emmanuel Macron jamás habría permitido que la difamaran así». En otro tuit, tras la aparición de Tiphaine Auzière en el plató de Touche pas à mon poste, escribió: «No debe ser fácil saber cada día que tu padre está en el Palacio del Elíseo acostándose con el presidente». O también: «Le chupé la polla a un chaval, antes de que él me la chupara a mí». Jean-Christophe D., de 54 años, es profesor y suscriptor fiel de Faits et Documents, una revista confidencial vinculada a Alain Soral y dirigida entonces por Xavier Poussard, uno de los principales artífices del rumor. Se describe a sí mismo como alguien «que, desde la covid, se ha hecho muchas preguntas».

Desde la crisis sanitaria, la esfera soraliana y su líder han tratado de canalizar la desconfianza generada por los confinamientos y las políticas de vacunación, orientándola hacia sus propias ideas y teorías, hoy ampliamente compartidas con La France Insoumise. Esta convergencia se manifiesta en torno a la denuncia de un «lobby sionista», de un «genocidio en Gaza», de la islamofobia sistémica y de la derecha identitaria y antiislámica.

Para Jean-Christophe D., «si Brigitte Macron se operó, es su vida; no hay problema. El problema es la mentira», declaró. A continuación expresó arrepentimiento y afirmó que borró su cuenta de X al día siguiente de su detención.

Un concejal de Culles-les-Roches, procesado por republicar tres contenidos —un dibujo de Brigitte Macron desnuda, con un atributo masculino, sobre una cama; otro en el que aparece con una pequeña barba, acompañado de un comentario del influencer Mike Borowski; y un mensaje que afirmaba que «subió, subió, subió como un imbécil»—, también se defendió de las acusaciones de acoso: «Difundí insultos, chistes de mal gusto y rumores. No lo considero acoso», explicó, invocando el espíritu de Charlie Hebdo. Al ser interrogado sobre sus tuits, el acusado añadió que pretendía difundir información. «¿Es humor? ¿Es el espíritu de Charlie? ¿O es informar a la gente?», preguntó el presidente del tribunal, que trataba de fijar la intención de las publicaciones.

La vidente opta por el silencio

La única mujer entre los acusados, la vidente Amandine Roy, vecina de Angers, se mostró mucho más reservada. Conocida por haber contribuido a popularizar el rumor sobre la supuesta identidad transgénero de Brigitte Macron, en 2021 invitó a Natacha Rey, autodenominada «periodista aficionada», a su canal de YouTube para exponer sus «descubrimientos», que después retomaron Xavier Poussard y, más tarde, Candace Owens. Ambos fueron condenados por difamación en primera instancia y absueltos en apelación en julio pasado por actuación de buena fe. El caso está recurrido ante el Tribunal de Casación.

En la vista, Amandine Roy optó por guardar silencio y rehusó comentar su tuit de agosto de 2024 en el que se refería a la «camiseta azul de Brigitte, rota como la entrepierna de un hombre». La mujer, de unos 50 años, dijo atravesar un periodo difícil y afirmó considerarse «receptora de una estatua de una Virgen sanadora» que ya habría obrado «dos milagros» y que se comprometió a poner a disposición del público.

Cinco días antes del juicio, en un vídeo publicado en su sitio web Amandine TV, anunció que aceptaba solemnemente regresar a la política para «liderar Francia lo mejor posible», tras prestar juramento ante los espíritus que, según sostuvo, la habían coronado: «Se me mostró que, como autoridad supranacional, respetando a las naciones, debía ser una especie de líder para todo el planeta». Añadió: «Macron está acabado, hasta un punto que ni siquiera él mismo comprende».

Zoé Sagan: la «infoficción» como escudo legal

El testimonio de Aurélien Poirson-Atlan, alias «Zoé Sagan», fue de los más esperados del juicio. A diferencia de otros acusados con pocos seguidores en redes sociales, este ejecutivo publicitario de 41 años, conocido por difundir los vídeos de contenido sexual explícito del político Benjamin Griveaux, figura entre los principales propagadores de las tesis contra Brigitte Macron.

Vestido con un traje azul marino y barba canosa bien recortada, subió al estrado con seguridad y alegó que la sátira era su escudo. En un discurso extenso, expuso su teoría de la «infoficción»: un «nuevo género literario» que dice haber creado a partir de una «inteligencia artificial femenina», Zoé Sagan, a la que compara con el sitio satírico Le Gorafi.

Según explicó, su método consistía en enviar noticias a una IA y publicar los textos generados, incluidos los relativos a la esposa del presidente. «Cuando digo que Brigitte Macron no es Brigitte Macron, es Zoé Sagan quien habla, no yo», afirmó. Durante su detención, sostuvo: «No creo haber acosado en línea a Brigitte Macron. Simplemente destaqué elementos que la prensa convencional ocultó».

Este hombre, que asegura considerar a la influencer estadounidense Candace Owens «una de las mayores estrellas del próximo siglo», difundió en X un mensaje en el que calificaba el asunto Brigitte Macron de «escandaloso secreto de Estado» y aludía a «pedofilia con aval estatal». En otro mensaje, escribió: «El delito sexual de Brigitte Macron solo se juzgará el 21 de marzo de 2025. Una buena oportunidad para que el poder judicial demuestre su independencia». Bajo una ironía deliberada, las insinuaciones son explícitas: Brigitte Macron habría mantenido una relación incestuosa con Emmanuel Macron cuando él era menor de edad.

Ante el tribunal, Poirson-Atlan enarboló la bandera de la libertad de expresión y el derecho a la sátira: «el ADN mismo del país», argumentó. Se presentó como artista y pionero de la llamada «literatura algorítmica». «Si Flaubert viviera hoy, habría creado Emma Bovary en X», declaró, antes de concluir: «Es inconcebible que a quien ejerce la sátira se le prive de su libertad… Soy un defensor acérrimo de la libertad de expresión».

Deseoso de reafirmar su adscripción a la izquierda, añadió: «Estoy del lado de Juan Branco, estoy a la izquierda. Y ahora me acusan de antisemita, de teórico de la conspiración y de extrema derecha».

Cuando el presidente del tribunal le preguntó por el impacto de sus comentarios en la salud de Brigitte Macron, desestimó la cuestión con un gesto de la mano: «Me sorprendería que, con más de setenta años, se pusiera a navegar por X». Añadió que nunca tuvo la intención de «atacarla personalmente».

Después se presentó como víctima y describió su detención como «humillante, traumática y desproporcionada respecto de los hechos imputados», hasta insinuar un «acoso inverso». «Mi hijo de nueve años cree que Emmanuel Macron me va a meter en la cárcel». Afirmó sentirse utilizado como sustituto de Xavier Poussard y de la influencer Candace Owens: «Fui el tonto útil». En todo caso, para él «una cosa es segura: con este juicio, Zoé Sagan ha hecho historia».

«No se frena una polémica metiendo gente en la cárcel»

Con un pañuelo palestino al cuello, Bertrand Scholler, galerista e influencer con más de 100 000 seguidores, exhibió en sala la misma seguridad que Aurélien Poirson-Atlan, quien había comparecido antes.

Se le acusa, en concreto, de haber publicado un mensaje anunciando la creación de «un grupo de 2000 personas para ir puerta por puerta en Amiens y alrededores, para esclarecer el caso Brigitte». «¿Quiénes participarán?», preguntó entonces a sus seguidores. Bajo custodia policial, admitió que el mensaje podía causar daño psicológico, aunque insistió en que no era su intención. En la vista, sostuvo que se limitó a retransmitir información, sin incitar a la acción.

El tribunal examinó también otro mensaje, publicado en septiembre de 2024, en el que se refería a la esposa del presidente como un «dúo audaz». Ante esta acusación, el galerista citó una portada de Paris Match de enero de 2025 con los textos «la guerrera» y «no se deja intimidar»: «La llaman “la guerrera”; no se deja intimidar. Si no podemos decir que es audaz, entonces no podemos decir nada y deberíamos callar para siempre», argumentó el cincuentón.

Ante los jueces, explicó que no sabía si las teorías que circulaban eran ciertas o falsas, pero las consideraba «demasiado evidentes para ignorarlas». Lo que le preocupaba no era el rumor en sí, sino su persistencia —«el proceso de no extinción», en sus palabras—. Afirmó que ni la edad ni el género de Brigitte Macron le interesan; lo que le intriga es la longevidad de la sospecha, ese mecanismo que, año tras año, se resiste a desaparecer.

El presidente le interrumpió y señaló que esas cuestiones podían abordarse sin recurrir a un lenguaje tan vulgar. Scholler se mantuvo firme: a su juicio, la solución no es jurídica. «Habría que apaciguar la controversia aportando pruebas, para poder seguir adelante. Una controversia no se detiene encarcelando a la gente».

«Mi madre ya no sabe cómo detener esto»

Adoptando el lenguaje legal, Tiphaine Auzière, de 41 años y abogada, subió al estrado para expresar el daño que sufre su madre. Vestida con un sencillo traje azul marino, describió a una mujer cuyas condiciones de vida y salud se han deteriorado bajo el peso de los rumores.

Brigitte Macron, afirmó, se ve obligada a controlar constantemente su apariencia y postura, consciente de que la mínima imagen puede utilizarse indebidamente. «Se alteran todo tipo de fotos, incluso las tomadas en familia, de vacaciones o en traje de baño», explicó. Dado que «sus nietos han oído lo que se dice», su madre está, según dijo, «devastada» y no sabe «cómo detener esto».

Cuando el abogado de Brigitte Macron, Jean Ennochi, le preguntó por su tío, respondió sin dudar: «Lo vi hace unas semanas, está muy, muy bien». Con ello pretendía disipar cualquier duda sobre la existencia de Jean-Michel Trogneux.

Reconoció, no obstante, que era difícil precisar cuándo comenzaron a deteriorarse la salud y el ánimo de su madre. «El fenómeno es muy gradual. Diría que desde 2021 o 2022. Al principio, subestimé su gravedad».

La defensa trató de cambiar el enfoque. Luc Brossollet sostuvo que la propia pareja presidencial había contribuido a la atención mediática en torno a su estado de salud. Citó un artículo de Paris Match de 2016, cuando los periodistas seguían a Emmanuel y Brigitte Macron en su vida privada, en el momento del lanzamiento del movimiento En Marche! Tiphaine Auzière esquivó la crítica: «Me parecen muy guapas en esta foto», respondió, y rehusó añadir nada que pudiera reforzar esa tesis.

El marco legal del ciberacoso: el argumento técnico de los abogados de Brigitte Macron

Los abogados de Brigitte Macron, Jean y Olivier Ennochi, presentaron un alegato preciso y técnico para acreditar que concurren todos los elementos del delito de ciberacoso. Su finalidad: evitar que lo que describen como una «campaña vil, difundida principalmente en redes sociales» quede amparada en la invocación de la libertad de expresión.

Comenzaron exponiendo el estancamiento administrativo previo al juicio. «Brigitte Macron y su equipo legal intentaron que se eliminara el hashtag #JeanMichel para frenar la avalancha de mensajes», explicó Jean Ennochi. Pero la plataforma X se opuso, alegando la imposibilidad técnica de distinguir entre mensajes de apoyo y despectivos. Ante esa inacción, se presentó una denuncia contra desconocidos por ciberacoso. Un delito que, según la acusación particular, los procesados tienen dificultades para reconocer. «Todos hablan de libertad de expresión, difamación… Pero niegan por completo el ciberacoso, el acoso colectivo», señaló Ennochi, criticando «una negación total de las condiciones para la aplicación de este delito».

De acuerdo con el artículo 222-33-2-2 del Código Penal francés, el acoso psicológico consiste en «acosar a una persona mediante palabras o actos repetidos que tengan por objeto o resulten en un deterioro de sus condiciones de vida, provocando un menoscabo de su salud física o mental». El delito también se configura «cuando esas palabras o actos son infligidos a la misma víctima, sucesivamente, por varias personas que, incluso sin acuerdo previo, son conscientes de que conforman un patrón de reiteración». La ley prevé, además, una agravante cuando los hechos «se cometen mediante el uso de un servicio de comunicación pública en línea o a través de medios digitales o electrónicos».

Apoyado en la jurisprudencia del Tribunal de Casación, Olivier Ennochi articuló su tesis en tres principios. Primero, «el tribunal penal no está obligado a identificar, fechar ni calificar todos los mensajes procedentes de terceros». Segundo, «no tiene que verificar que el mensaje del acusado haya sido efectivamente leído por el destinatario». Y, como elemento clave, «el delito no requiere intención de causar daño».

El letrado recordó que el acoso en línea debe valorarse en su conjunto. Por ello, resulta estéril indagar en la intención de cada usuario: «No es necesario comprender la intención del agresor». Añadió: «La condición de la víctima, pública o privada, es irrelevante ante la ley». En términos jurídicos, la esposa del presidente no queda privada —ni por su condición ni por su exposición pública— de la protección que ampara a cualquier ciudadano.

Respecto a la difusión del contenido, Jean Ennochi fue categórico: «Todas las publicaciones de los acusados eran públicas y, por tanto, accesibles a todos los usuarios de internet». Subrayó en particular los retuits: «Son precisamente los retuits los que dan viralidad a una publicación». Según añadió, reflejan «un deseo activo de difusión», a diferencia de un simple «me gusta».

Frente al argumento de la «baja audiencia» de algunas cuentas, recordó que el acoso psicológico no se define solo por actos de gran gravedad, sino también por una multitud de actos menores que, repetidos, se vuelven insoportables.

A las invocaciones de la libertad de expresión, el abogado respondió con la norma. Recordó al tribunal que esa libertad no es ilimitada. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 establece que «todo ciudadano puede ser responsabilizado por el abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley»; por tanto, la libertad de expresión no es absoluta. «El acoso es uno de sus límites», afirmó con firmeza.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos coincide: «Quien ejerce su libertad de expresión asume deberes y responsabilidades, cuyo alcance depende de su situación y de los medios técnicos utilizados».

El señor Ennochi señaló una contradicción que, a su juicio, debilitaba la defensa de algunos acusados que se acogían al humor. «Me resulta difícil comprender cómo algunos pueden invocar el derecho al humor y, al mismo tiempo, presentarse como denunciantes que revelan un secreto de Estado». Recordó que, según la jurisprudencia, «el derecho al humor no lo permite todo» y sostuvo que las declaraciones examinadas no contribuyen a un debate de interés general, sino que constituyen «ataques gratuitos, amplificados por el poder de la tecnología digital».

A continuación, Jean Ennochi pasó a los casos concretos. De Aurélien Poirson-Atlan, presentado como cabecilla del grupo, destacó un «ego prominente, si no desmesurado» y censuró su intento de eludir la responsabilidad penal bajo un supuesto enfoque artístico: «Eso no es ley», zanjó.

En cuanto a Bertrand Scholler, se le reprochó cierta «arrogancia». Respecto de Amandine Roy, médium de profesión, el letrado puso en duda sus alegadas dificultades económicas y subrayó que su canal de YouTube y sus vídeos, «con cientos de miles de visualizaciones, le han permitido dar trabajo a dos personas durante los últimos dos o tres años». La mujer que, en internet, ha multiplicado las acusaciones —«es un pedófilo», «mentira de Estado», «suplantación de identidad»— no puede, según el abogado, sostener que actuó desinteresadamente.

Para acreditar el daño —el elemento tangible del acoso—, el expediente incorporó tres declaraciones: la de la principal asesora de Brigitte Macron, la de su hija Tiphaine Auzière y la de su médico.

«No es necesario tener intención de dañar, ni siquiera que la víctima haya leído los mensajes, para que se produzca el acoso», reiteró Jean Ennochi, abogado de la acusación particular, antes de concluir: para la acusación, los hechos no dejan lugar a dudas; se trata de «una incursión, un ciberacoso masivo».

Libertad de expresión, selección arbitraria, deficiencias probatorias… réplica de la defensa

Por su parte, los abogados de los acusados trataron de desmontar el marco jurídico del juicio. Sus argumentos, de tono diverso, confluyeron en varios puntos: señalaron debilidades en los elementos constitutivos del delito, falta de rigor en la investigación y el riesgo para la libertad de expresión derivado del procedimiento.

El abogado de uno de los procesados centró su intervención en la causalidad, requisito indispensable para apreciar la responsabilidad penal. «¿Cómo podía saberse que Brigitte Macron había leído los cinco o seis tuits de mi cliente entre las decenas de miles de mensajes que la mencionaban?», planteó. Añadió que el certificado aportado por la acusación particular «no cuantifica ni califica el perjuicio, de modo que su valoración por el tribunal será difícil».

«Por lo tanto, es difícil establecer un nexo causal entre los tuits y el supuesto daño». Su cliente, agregó, había publicado «un tuit cada seis meses» durante dos años.

Más allá del caso individual, sostuvo que el presunto delito, por su naturaleza, se aparta de las prácticas del derecho penal y plantea dudas sobre su validez: «Estaríamos ante un delito vinculado a una ley sobre incitación al odio en línea, pero sin necesidad de odio, sin necesidad de daño, sin necesidad de intención, sin necesidad de un nexo causal. Todo lo que constituye el fundamento del derecho penal desaparece. Tendríamos un delito que queda en el aire por la mera fuerza de su existencia».

Acto seguido, pidió al tribunal que individualizara la respuesta penal. «Intentaron vincular a mi cliente con una red que no existe. Les pido que juzguen a un individuo, no a una masa. No confundan una piedra con una avalancha». Y concluyó, en tono humanista: «La dignidad de algunos no puede reconstruirse destruyendo la de otros».

El alegato final de Luc Brossollet, abogado de Aurélien Poirson, se centró primero en cuestionar la calificación jurídica de los presuntos delitos, en línea con el argumento anterior. «El hecho de que no se invoque la ley de 1881 no significa que no estemos ante un juicio sobre la libertad de expresión», dijo. «En cuanto se busca sancionar a alguien por sus declaraciones, se le reprocha haberse extralimitado en el ejercicio de esa libertad». Y añadió: «La libertad de expresión es la capacidad de decir lo que uno no quiere oír. No necesitamos la libertad de expresión para palabras lisas o inocuas. La necesitamos para incomodar».

A su vez, el señor Brossollet destacó las lagunas procesales en torno al delito de ciberacoso, que describió como «un delito mal concebido». Denunció un marco jurídico «carente de contrapesos», a diferencia de la legislación de prensa: sin jurisprudencia clara, sin criterios asentados sobre la buena fe y con un vacío normativo que deja espacio para «la mayor subjetividad». «Donde la ley de 1881 regula y establece límites a la libertad de expresión, aquí no hay absolutamente nada», lamentó.

El abogado impugnó después la designación de su cliente como «instigador» por parte de la Fiscalía. Según la cronología aportada por la acusación particular, el acoso comenzó entre 2021 y 2022, mucho antes de las actuaciones de Aurélien Poirson en 2023, explicó. «Según la ley, quien inicia el acoso es quien lanza el primer ataque, no quien se suma dos años después»; esta incoherencia, sostuvo, evidencia una investigación que pasó por alto «cuestiones esenciales».

El señor Brossollet cuestionó además los elementos constitutivos del delito. Recordó al tribunal que el acoso exige probar un «deterioro en las condiciones de vida de la víctima». Si ese deterioro se remonta a 2021-2022, afirmó, «solo una agravación posterior a noviembre de 2023, fecha de los tuits incriminatorios, podría generar la responsabilidad de mi cliente». Y añadió: «Ningún elemento del expediente acredita una agravación medible después de noviembre de 2023». Sin esa agravación, insistió, «el elemento constitutivo del delito no existe».

También denunció lo que consideró una debilidad de la investigación: «No podemos basarnos únicamente en la declaración de la acusación particular y de su testigo, que leyó el expediente antes de comparecer. Si esto es un elemento constitutivo del delito, aún debe investigarse: ¿cuáles eran las condiciones de vida de la señora Macron antes? ¿Y en qué medida han cambiado? No se ha verificado nada».

En esta extensa defensa, criticó asimismo la selección «arbitraria» de los acusados: «diez pobres incautos», dijo, «elegidos, señalados, calificados como los más virulentos», sin un punto de comparación que sustente tal etiqueta. Si «los tuits que todos conocemos ahora son los más virulentos», ironizó, «mejor aún, porque demuestra que la campaña de la que la señora Macron dice ser víctima no era tan grave». A su juicio, el tribunal está juzgando «una muestra conveniente», «un sucedáneo de un paquete», sin medir objetivamente el alcance real del fenómeno.

Luego, Luc Brossollet situó el caso en un contexto político y aludió a «la cobertura mediática de la pareja». A su juicio, Emmanuel y Brigitte Macron optaron por exponer su vida privada «portada tras portada, foto tras foto» hasta convertirla en noticia. «Es una forma degradada de política que nada tiene que ver con la política y sí con la prensa del corazón», afirmó. «Fueron los primeros en pedirnos: “Interésense por nuestra vida privada”». Una vez consentida esa exposición, sostuvo, la curiosidad pública deviene inevitable: no se puede fomentar el interés por la vida privada y luego pretender desterrarlo. «Los franceses ya están hartos de este caldo de cultivo», concluyó.

Más allá del caso concreto, el letrado interpretó ese frenesí como síntoma de un malestar democrático más hondo. «En un país donde la democracia ha sufrido desgaste, existe un rechazo al Gobierno. Cualquier cosa negativa que se diga sobre Macron alimentará ese rechazo», analizó. Y subrayó: «Este juicio es un juicio espectáculo. Y todo juicio espectáculo es, por su propia naturaleza, injusto».

Para apuntalar su tesis, Brossollet recurrió a la historia y recordó el destino de los cuatro cabos de Souain, fusilados en 1914 «como escarmiento» para mantener la disciplina en las trincheras. «Toda la compañía se había negado a ir al frente porque obedecía órdenes absurdas de sus superiores», dijo al tribunal. No fue hasta 1934 cuando una sentencia reconoció la injusticia de esas ejecuciones y declaró que «es contrario a la idea de justicia que la represión se limite únicamente a los cabos». De ahí trazó el paralelismo: «Es injusto celebrar un juicio limitado a diez personas que deben responder por un grupo que no conocen, cuya existencia no se ha comprobado y cuya composición se desconoce».

Por último, al referirse a los tuits, los encuadró en la sátira, un género cuya finalidad —según defendió— no es informar ni dañar, sino hacer reír. Incluso cuando el humor resulte ofensivo, sostuvo que permanece protegido, y citó la jurisprudencia de 1993 sobre Carolina de Mónaco: pese a una caricatura especialmente mordaz, el tribunal reconoció que la sátira se ampara en la libertad de expresión. Aprovechó además para cuestionar la oportunidad del proceso y la decisión del presidente de la República de reunir ese mismo día en el Palacio del Elíseo a su equipo para supervisar la información en redes sociales.

Por su parte, el abogado de Bertrand Scholler cuestionó de entrada la calificación de las declaraciones de su cliente como «virulentas». Sostuvo que los tuits, publicados en el verano de 2024, no bastan por sí solos para explicar el deterioro del bienestar de Brigitte Macron: «Se ha demostrado que el deterioro de las condiciones de vida de la señora Macron se remonta al menos a tres años», alegó. Añadió que la pareja presidencial tiene parte de responsabilidad en la persistencia del rumor por negarse a publicar algunas fotos que, a su juicio, permitirían zanjarlo. También calificó el proceso de «juicio espectáculo».

A continuación intervino Maud Marian, abogada de Amandine Roy y de otra acusada, quien rechazó toda noción de acoso y reprochó a la acusación que, en su opinión, busque «silenciar los rumores». «Han atacado a diez personas y no sabemos por qué», dijo. «No lo entendemos», exclamó, y advirtió: «Lo siento, pero esto no va a parar». Según la letrada, Brigitte Macron intentaba principalmente «apagar el fuego», pero «son el señor y la señora Macron quienes ahora están avivando las llamas».

En cuanto a la definición de acoso, Marian insistió: «Es irrelevante si es malicioso o virulento». Y añadió: «He visto a personas acosar a otras con la promesa de amor».

Además, denunció lo que considera un «trato judicial preferente» a la demandante. Afirmó que Brigitte Macron aportó un certificado médico «aprobado», firmado por su médico de cabecera, y se negó a someterse a un examen médico forense (UMJ), el único con validez legal. En esas condiciones, concluyó, «no debería haber presentado una denuncia».

La abogada expresó asimismo su sorpresa por ciertas omisiones: ni el activista Marcel D., vinculado a Soral, ni el sitio Géopolitique Profonde, próximo a Alain Soral y Xavier Poussard, fueron investigados. A su juicio, hubo incoherencias en la selección de los acusados.

El abogado Karim Forand expresó la misma indignación y denunció la selección arbitraria. Alegó que su clienta está procesada por republicar mensajes: «Quienes los publicaron originalmente ni siquiera están siendo juzgados». Concluyó: «No se la puede considerar acosadora si el autor del mensaje no está siendo procesado».

El letrado añadió el caso de su defendida, que hizo un comentario humorístico sobre una imagen manipulada en la que Brigitte Macron aparecía como un hombre: según dijo, no pretendía «apoyar» el rumor, sino «reírse un rato».

Hoy, prosiguió, esta mujer «vive con el temor de perder su trabajo» como auxiliar de profesora de estudiantes con discapacidad: «Si la condenan, perderá su único ingreso». Denunciando igualmente «un juicio espectáculo», Forand remató: «Este es un procedimiento que busca presentar a los débiles como fuertes… Es una parodia de un juicio».

Por último, Carlo Brusa, abogado de la edil de Culles-les-Roches —procesada por publicar mensajes como «Brigitte Macron está bien dotada»—, cerró los alegatos. Mostró su «asombro» por varios aspectos de la investigación y sostuvo que «no se ha causado ningún daño».

«La señora no está sufriendo ninguna consecuencia por los tuits», afirmó, y mantuvo que «en este caso no hay delito de acoso». A continuación, relativizó: «Como saben, en Francia se publican 12 600 tuits por segundo. Esto no es nada comparado con lo que estamos diciendo».

Las solicitudes de la fiscalía

El fiscal Hervé Tétier pidió penas distintas para cada uno de los acusados, al entender que «los delitos no son de la misma naturaleza» y, por tanto, requieren sanciones diferenciadas.

Las penas solicitadas oscilan entre tres meses y un año de prisión condicional.

Las más severas corresponden a tres acusados calificados como «instigadores» del rumor. Contra Aurélien Poirson-Atlan, alias «Zoé Sagan», la Fiscalía reclamó 12 meses de condena condicional, una multa de 8000 € y la suspensión de sus cuentas en línea durante seis meses, de ejecución inmediata. Según el fiscal, la severidad se justifica por el «alcance mediático» de sus publicaciones.

Para Bertrand Scholler, la Fiscalía solicitó seis meses de prisión condicional, una multa de 3000 € y la suspensión de sus cuentas en línea durante seis meses. La misma pena condicional se pidió para Delphine Jégousse, alias «Amandine Roy», acompañada de una multa de 4000 € y la misma prohibición temporal de acceso a redes sociales.

Los demás acusados, presentados como «seguidores», afrontan peticiones más leves, de entre tres y cinco meses de prisión, todas condicionales. Por último, el fiscal solicitó 80 horas de trabajo en beneficio de la comunidad para Jean-Christophe D., con tres meses de condena condicional en caso de negativa. «Es el único que ha mostrado arrepentimiento», señaló Hervé Tétier. El veredicto se conocerá el 5 de enero de 2026.

Artículo publicado originalmente en The Epoch Times con el título «Affaire Brigitte Macron : récit d’un procès hors normes sur fond d’une rumeur planétaires».