El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, remitido el 30 de octubre al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional bajo la dirección del juez Ismael Moreno, ha sacudido el Gobierno de Pedro Sánchez al detallar la implicación directa del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en gestiones para agilizar pagos millonarios a empresas ligadas a la trama de comisiones conocida como caso Koldo.
Con 350 páginas de análisis exhaustivo, el documento —filtrado por varios medios— se centra en contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia de COVID-19 por el Gobierno de Canarias, entonces presidido por Torres.
Estos contratos involucraron a Soluciones de Gestión S.L., una sociedad representada por el empresario Víctor de Aldama, considerado el presunto «nexo corruptor» de la red junto a Koldo García, exasesor del investigado José Luis Ábalos.
La UCO no concluye delitos directos por parte de Torres —el informe enfatiza que no hay evidencias de «mordidas» o comisiones personales—, pero resalta cómo la influencia de Koldo en la administración canaria permitió intervenciones personales del presidente autonómico para desbloquear facturas pendientes, en un contexto de irregularidades en el material suministrado, como mascarillas de dudosa calidad y precios elevados.
Este hallazgo agrava la crisis en el PSOE, ya golpeado por la apertura de juicio oral contra Ábalos, Koldo y Aldama en el Tribunal Supremo, y reaviva demandas de dimisión desde la oposición.
Comisiones y contratos
La investigación del caso Koldo indaga una presunta organización criminal dedicada a la adjudicación irregular de contratos públicos.
Aldama, según la UCO, pagaba 10 000 euros mensuales en efectivo a Koldo desde octubre de 2019, a cambio de su mediación en administraciones socialistas para obtener adjudicaciones millonarias.
En Canarias, el foco está en cuatro contratos de emergencia firmados el 22 de abril de 2020 con Soluciones de Gestión para el suministro de mascarillas y test antígenos.
El Gobierno autonómico abonó inicialmente el 50 % —unos 6 millones de euros— al recibir el material, pero el resto quedó bloqueado por objeciones técnicas.
Una funcionaria de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez, alertó sobre el elevado precio y la falta de certificación adecuada: «¿Estamos seguros? Hemos comprado más baratas», escribió en un correo interno analizado por la UCO.
A pesar de estas reticencias, Koldo recurrió a su red de contactos para presionar. El informe detalla cómo Aldama, inquieto por el retraso, contactaba primero con Koldo, quien escalaba la reclamación hasta Torres.
La UCO concluye: «A la vista de estos últimos mensajes, se observa una vez más la influencia que Koldo ejercía en la administración, provocada por Aldama y sus retribuciones mensuales, consiguiendo que el presidente de Canarias se encargara personalmente de reclamar pagos pendientes».
Este patrón no era aislado. La UCO vincula la trama a adjudicaciones en el Ministerio de Transportes —bajo Ábalos— y otras comunidades, con un volumen total estimado en más de 50 millones de euros en contratos, de los que al menos 5 millones se desviaron en comisiones ilegales.
En Canarias, el perjuicio económico se agravó por el uso de fondos europeos para Next Generation EU.
La huella digital de la intervención de Torres
El núcleo del informe son decenas de mensajes de WhatsApp y audios intercambiados en julio de 2020 entre Torres y Koldo, que ilustran una implicación personal del presidente canario pese a las irregularidades detectadas en las mascarillas.
El 1 de julio de 2020, Torres responde a una llamada perdida de Koldo: «He visto tu llamada, te contesto esta noche. Estoy con la responsable de Recursos Económicos de Sanidad», refiriéndose presumiblemente a Pérez. Minutos después, Koldo envía un pantallazo de este intercambio a Aldama para tranquilizarlo.
El 3 de julio, Torres actualiza: «Te va a llamar Antonio Olivera porque estoy encima de tu pago… ya está validado el material y Hacienda ya ha hecho el trámite: Ya la tiene cargada para liberar el pago». Olivera, entonces viceconsejero de Presidencia y futuro jefe de Gabinete de Torres —quien dimitió en 2024 tras el estallido del caso—, era el enlace clave en el Servicio Canario de Salud.
La presión escaló el 13 de julio, cuando Koldo escribe: «Llámame para el tema del pago». Torres replica al día siguiente: «Estoy encima de la factura… te daré toda la información y a poder ser la solución».
Allí acuerdan verse en Madrid, donde Torres explica los obstáculos con Pérez pero promete resolución en una semana, preguntando: «¿Puedes hablar? Necesito montante económico que se debe y nombre de la empresa». Koldo responde: «Soluciones SL», aclarando que se adeudaban 7,5 millones de euros.
Un audio de WhatsApp del mismo julio captura la frustración de Torres: «Hola, Koldo. Soy Ángel. Estoy encerrado con tu asunto. He convocado a todos los actores (consejeros, directores del SCS,…) a las 8:30 mañana, pero esto me tiene subiéndome por las paredes.. Esta mie*** te la resuelvo sí o sí». Koldo agradece: «Solo puedo decir gracias por tu implicación, nada más».
El 14 de julio, Torres se disculpa: «Me dijeron hace una semana y media que ya te pagaban y luego rollos y rollos. Pero ya estoy en aeropuerto hacia Tfe [Tenerife] y resolveré esto. He dado el golpe preciso en la mesa».
El 15 de julio, anuncia una cena en el restaurante Jai Alai de Madrid: «Tengo cena con Ábalos pero no viene Francina [Armengol]. Te tengo que ver para tema facturas». La UCO infiere que Aldama asistió, ya que al día siguiente envía a Koldo: «Buenas tardes Ángel Víctor», solicitando su teléfono —mensaje leído por Torres 45 minutos después—.
En noviembre de 2020, la trama se extiende a test antígenos. El 5 de noviembre, Koldo presiona: «Por favor puedes intentar que acepte esto si lo consigues se acabo esta mie*** me dicen y según yo leo no es tanto por dios si lo consigues me dejo violar por ti. Pos data lo último no».
Torres, frustrado con Salvador Illa, en ese entonces ministro de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez, escribe el 2 de diciembre: «No hay pu*a manera con Illa!! Le he pedido un jod**o mes de prueba sólo y ni así. Quiere el enfrentamiento y mañana lo tendrá! Yo no puedo llevar a la ruina a Canarias».
En este marco de tensión, propone «escalar» el tema: «¿Estás con José Luis? Solo me queda Pedro. Lo intentaré pero si esto no sale por el capricho de un compañero, Illa, me bajo. No aguanto más». Koldo responde: «Los test se harán. El presi lo habló con Jose».
La UCO interpreta «presi» como Pedro Sánchez y «Jose Luis» como Ábalos, sugiriendo que Torres consultaba a Koldo «la manera de proceder con el presidente del Gobierno».
Otro intercambio del 10 de diciembre muestra a Torres asumiendo el rol: «Tiene huevos que estas cosas las tengas que hacer tú», dice Koldo. Responde Torres: «Todo me toca a mí».
Estos elementos, analizados en el informe, pintan un retrato de Torres como facilitador involuntario o consciente de la red, priorizando la resolución de deudas sobre las alertas técnicas.
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Del cierre de filas al clamor por la dimisión
La difusión parcial del informe —que se cargó incompleto por un error informático en la Audiencia Nacional, que solo colgó 88 de 347 páginas— desató un torbellino político.
El Gobierno, por un lado, cerró filas.
La portavoz Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 4 de noviembre, zanjó: «Queda absolutamente claro y demostrada la falsedad de las acusaciones contra el ministro».
El PSOE canario, liderado por Juan Fernando López Aguilar, defendió a Torres como «honesto y cumplidor».
Torres, por su parte, compareció el martes desde su ministerio.
Alegó que el informe «arroja luz después de dos años de acusaciones» y, según él, confirma que «no hay mordidas, no hay pisos en Atocha, nada que tenga que ver con la alcaldía».
Asimismo negó conocer a Aldama: «Yo no cené con él, cené con Ábalos… Si hubiese habido una relación estrecha, habría decenas de mensajes». Anunció una demanda contra el empresario por «intromisión» en su «honor».
Ante los mensajes y audios presentes en el informe de la UCO, justificó su intervención en la trama: «La empresa me llega meses después… No se le había abonado, tenemos la obligación de responder».
Sin embargo, la oposición no ha cedido.
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) registró el martes una solicitud de comparecencia urgente de Torres en el Pleno del Congreso.
Alicia García Montalvo, portavoz adjunta, declaró: «Es una vergüenza que el ministro Torres actúe como conseguidor de la trama; tiene que dimitir o ser cesado».
Miguel Tellado, secretario de organización del PP, exigió: «No debió sentarse hoy [en el Consejo]. Debería haber sido cesado».
Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria, amplificó: «Torres no puede ser a la vez ministro de España por haber sido conseguidor de dinero para una trama corrupta».
El PP acusa a Torres de mentir en el Senado en enero de este año, cuando negó «tratos» con Aldama pese a la cena del 15 de julio de 2020 descrita en el informe de la UCO.
Desde la sociedad civil, Hazte Oír anunció acciones judiciales contra Torres por sus declaraciones en el Senado, recordando querellas admitidas contra Francina Armengol y Santos Cerdán por idéntico motivo.
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¿El fin de la confianza en el PSOE?
La UCO rastrea más de un millón de correos que involucran a Torres en la trama Koldo, y los mensajes del entonces presidente de Canarias sugieren al menos prevaricación por omisión de controles.
La unidad especializada de la Guardia Civil estima que la trama generó comisiones por al menos cinco millones de euros en contratos nacionales, con Canarias como nodo clave por su dependencia turística.
Torres, nombrado ministro en noviembre de 2023 tras dejar la presidencia canaria, encarna la lealtad sanchista. Su defensa choca con evidencias de material defectuoso que, según la UCO, se validó pese a objeciones.
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