Mientras que en otros países europeos los ocupantes ilegales de inmuebles son desalojados en 24 horas, en España la ley que entró en vigor este año —presentada como solución definitiva— no resuelve en la práctica el problema de los inquiocupas: aquellos que dejan de pagar su alquiler y no son desalojados alegando motivos sociales. Ricardo Bravo, de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, explicó a The Epoch Times España cuándo comenzó este problema y la situación actual de propietarios como Rosa y Jesús, quienes ahorraron durante décadas para adquirir una vivienda antes de jubilarse y ahora ven sus sueños derrumbarse.

Rosa y Jesús forman parte de las probablemente decenas de miles de familias afectadas por este problema, que surgió durante la pandemia. Arrendaron su vivienda en Alicante durante medio año para trasladarse a Madrid y someterse a un tratamiento médico. Su caso es emblemático, pero no único. Se vieron involucrados en el conflicto porque desconocían, al firmar el contrato, que su arrendataria tenía antecedentes desfavorables. Nunca imaginaron que tendrían que iniciar trámites o acciones legales para intentar recuperar su casa. En medio de este estrés, Jesús sufrió un infarto, señaló Bravo. Por su parte, Rosa, que ha querido compartir su experiencia, explicó que actualmente se encuentra rodeada de personal médico.

«Tenemos 72 y 76 años. Hace cuatro años compramos una pequeña casita en Denia, Alicante, con los ahorros de toda nuestra vida. Alquilamos por seis meses a una individua que (…) lleva ocho meses en mi casa sin pagar nada y se niega a irse. Yo vine a Madrid para mis revisiones de cáncer y por eso la alquilé. Debo regalar mi casita a esta persona que se niega a irse. Son 70 años para tener la casita de mi vida y ahora me tengo que conformar con que se quede…», explica Rosa.

«Estamos pagando todos los gastos de esa gente. Todos, todos. Ella solo pagó noviembre y diciembre; así que, desde enero, estamos pagando todo. Ya llevamos nueve meses así», dijo a Epoch Times, añadiendo que «tenemos un juicio el día 25 de septiembre. Esperamos que se resuelva cuanto antes porque esta situación es insostenible».

La información adicional que ellos han conseguido de la ocupante, es que presuntamente «lleva destrozando vidas desde los 20 años, es toxicómana y ladrona. Incluso bienestar social le quitó a su bebé por peligro para la niña», agregó.

España tiene hoy el «mayor problema de ocupación» en Europa, dijo Bravo, aclarando que el fenómeno de la inquiopación es distinto al de los llamados «okupas» y «está afectando fundamentalmente donde hay problemas de alquiler, es decir, en las grandes ciudades, los núcleos urbanos».

«Lo que estamos viendo es que está teniendo un mayor efecto en los barrios más humildes, es decir, los barrios de la periferia de las grandes ciudades».

Se estiman unos 80 000 afectados y creciendo

Bravo estimó que hay cerca de más de 80 000 afectados con el problema de la ocupación e inquiocupación al analizar los datos ofrecidos por el gobierno de 16 426 denuncias por ocupación en 2024, «que es allanamiento y usurpación».

Fuentes del Ministerio del Interior dicen además que las ocupaciones de vivienda repuntaron un 7,4 % en 2024 en el conjunto de España. Cataluña se mantiene a la cabeza, al anotar 7 009 casos, lo que representa el 42 % del total. Le siguen las comunidades Andalucía, Valencia y Madrid entre 1400 y 2500 casos.

Las provincias con un número notable de denuncias son Ávila (156), Lugo (94), Palencia (63), Gipuzcoa (60) y Salamanca (60), Álava (56) y Ceuta (856).

«Nosotros lo analizamos y hacemos una interpretación totalmente distinta», dice Bravo al señalar que la inquiocupación es muy superior.

«El primer punto que vemos es que estos datos lo único que hacen es recoger los datos de un ejercicio. Todos sabemos que se tarda de 2 a 5 años en recuperar la posesión y, por lo tanto, habría que hacer un histórico no solo de este año, sino también de los anteriores. Por lo tanto, la cifra de casos (vigentes) aumentaría. Segundo, si consideramos que el 30 % de las personas que nos llaman deciden no denunciar, tenemos un 30 % que habría que sumar a ese total histórico que acabo de mencionar».

«Además, ningún caso de inquiocupación está recogido en estas denuncias que normalmente suelen ir por lo penal, allanamientos y usurpaciones. Por lo tanto, quedarían todos los procedimientos civiles», añade.

«Nosotros recibimos un 20 % de llamadas de ocupaciones, mientras que el 80 % del resto de llamadas son de inquiocupaciones. Esto significa que con el total que acabábamos de hacer podemos multiplicar por cuatro los datos reales de ocupación en España».

«Por último, nosotros consideramos también aquellos vecinos convivientes con las mafias de ocupas. Es decir, afectados indirectos, gente que no tiene ocupada su vivienda, pero está conviviendo con mafias ocupas en sus edificios y aumentaríamos en varias decenas de miles a los afectados que, indirectamente, están sufriendo las consecuencias de las mafias ocupas y por ende de la ocupación».

Miedo de alquilar

Como resultado, ahora «hay viviendas que no salen al mercado por el miedo y la inseguridad jurídica que hay».

«Es decir, un propietario no quiere poner a disposición del alquiler a sus viviendas si no tiene la seguridad de que puede echar a los ocupas o a los inquiocupas en un plazo razonable».

«Como esto no está pasando y constantemente se están viendo en medios de comunicación que las recuperaciones de la posesión están tardando mucho, pues hay gente que prefiere no alquilar su vivienda, mantenerla hasta que se modifique la legislación y evitar que le puedan pasar a ellos las situaciones de inquiocupación».

Un coste para todos los ciudadanos

En un ejemplo compartido por la Plataforma es el caso de una persona que tras ocupar un inmueble se declaró vulnerable y el Estado le otorgó 632 euros de ingreso más otros 680 para su alquiler, lo que suma 1312 euros.

«Este es un caso concreto de una de nuestras afectadas. Cobra ayudas de servicios sociales pero ninguna destinada al pago de la vivienda. Es decir, no solo no paga, sino que además la estamos manteniendo entre todos los españoles con nuestros impuestos»

A modo de comparación, destaca que «tenemos trabajadores esenciales cobrando 1253 euros», como el sueldo de un bombero forestal.

La plataforma destaca que la falta de soluciones definitivas ha destrozado la vida de millones de españoles, que han sufrido la vulneración sistemática y crónica de sus derechos fundamentales, «como consecuencia de una legislación excesivamente permisiva con el delito de ocupación ilegal» y en el momento actual, las normativas nacionales, autonómicas y locales «incluso promueven la comisión del mismo, premiando a sus actores y castigando a sus víctimas».

Génesis del problema

La Plataforma de Afectados por la Ocupación comenzó a abordar el tema de la inquiocupación, en el año 2020, cuando se aprobó el decreto antidesahucios durante la pandemia de COVID.

«Es una medida que toma el gobierno que creemos que al principio lo hizo con buena intención de intentar ayudar a aquellas personas que por el problema de la crisis provocada por el COVID podían tener problemas de desahucios, pero empezamos a percibir como las responsabilidades de atender a estas familias empezaban a recaer sobre terceras personas, en este caso los pequeños propietarios». 

«Solo por incluir un dato, el 93 % de los caseros, es decir, de los propietarios que hay en España, tiene una única vivienda. Por lo tanto, si les dejan de pagar el alquiler (…) con un decreto que iba encaminado a eso, pues al final lo que supone es un perjuicio para esta familia». 

«Desde que presentaron el proyecto de Ley de Vivienda vimos cierta discriminación hacia nosotros e intentamos contactar con ellos. A día de hoy, y pese a que desde octubre de 2021 hemos estado escribiendo todos los meses al Ministerio de Vivienda —a la anterior y a la actual ministra— y al Ministerio de Justicia —a la anterior y al actual titular—, todavía no se han dignado ni a reunirse con nosotros ni tampoco a responder a todas las solicitudes que enviamos por registro electrónico».

«Nuestra idea a la hora de reunirnos con los distintos ministros era exponerles cuál es la situación de la inquiocupación, y (explicarles) que derivó de este Real Decreto, el 11/2020 de 31 de marzo, que se ha prorrogado hasta en 11 ocasiones. El último, actualmente vigente, es el 1/2025 de 28 de enero». 

«Este Real Decreto lo que hace es paralizar cualquier tipo de desahucio de una familia que se considere vulnerable. Lo cierto que dentro de este Real Decreto se lee que serán las administraciones públicas las que deberán de disponer de los recursos necesarios para que estas familias vulnerables accedan a una vivienda digna, pero ninguna de las administraciones se está encargando de esta orden que les obliga el Real Decreto. Por lo tanto, lo que están haciendo es derivar las responsabilidades de atender a estas familias. a terceros».

«La inquiocupación surge con este Real Decreto y lo que hemos visto es cómo ha ido creciendo exponencialmente al ver que no había ningún tipo de consecuencias legales para quien dejaba de pagar y se declaraba vulnerable, mientras que todas las responsabilidades recaían en un tercero que, además, está atado de pies y manos por las sucesivas prórrogas de la norma».

La Plataforma de Afectados por la Ocupación ha publicado una definición y un enfoque específicos sobre la denominada «inquiocupación», junto con una guía de cincuenta y seis medidas —que incluyen actuaciones policiales, de servicios sociales, de padrón municipal, de ayudas a las víctimas y de tratamiento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles—, tal y como recoge su portal leyantiocupas.com.

El propósito es que se valore a las víctimas del delito de ocupación de un inmueble por inquilinos morosos que «permanecen durante años amparados por la lentitud de la Justicia, el RD 11/20 y ante el abandono de unos Servicios Sociales que no dan alternativa habitacional».

«Existen casos de falsos vulnerables que utilizan la normativa actual para favorecer sus intereses: hay casos de vulnerables con buenos coches, teléfonos de alta gama o gastos en locales de ocio. Mientras tanto, aumentan los casos de pequeños propietarios convertidos en vulnerables, pero no amparados por la legislación por ser los propietarios».

Dónde acudir y la larga espera

«En relación a quién pueden recurrir los afectados, nosotros siempre recomendamos que se tramite todo por la vía legal, es decir, que se formule una denuncia».

Pero, advierte, «es verdad que debido a la inacción del gobierno para tomar medidas y solucionar este problema, pues al final se están demorando las recuperaciones de la posesión».

«Por lo tanto la gente intenta buscar fórmulas rápidas porque les está suponiendo un grave perjuicio económico».

«Lo que hacen es buscar fórmulas extrajudiciales, entre las que nos encontramos dos. Una es la contratación de un servicio de mediación, que lo puede hacer un bufete de abogados, o bien la contratación de una empresa de desocupación, que en la mayoría de los casos también utilizan el método de mediación, que no es ni más ni menos que la negociación de perdonar la cantidad que adeudan o bien que ofrezca el propietario una cantidad para que puedan liberar la vivienda».

«Esto no es ni más ni menos que un chantaje».

Búsqueda de solución en Bruselas

En enero del año 2024, dos portavoces de la Plataforma de Afectados por la ocupación viajaron a Bruselas y en marzo se hizo una audiencia específica sobre ocupación, a la cual la plataforma asistió como ponente.

«Estuvimos exponiendo cuál era la situación de la inquiocupación en España y fundamentalmente centrándonos en las consecuencias que derivan hacia terceras personas, es decir, a nuestros afectados», dijo Bravo.

«La situación fue un poco esperpéntica porque efectivamente la ocupación existe en otros países europeos, si bien, hemos de decir que tienen unas herramientas que funcionan perfectamente para las primeras horas de ocupación y por lo tanto desaparece el problema. En España no las tenemos. Era curioso ver cómo era el único país en el que existía este fenómeno de inquiocupación que viene derivado de este Real Decreto de Pandemia que seguirá vigente hasta el día 31 de diciembre de 2025. Es decir, va a estar en funcionamiento cerca de 6 años y originariamente era para una situación de crisis provocada por el COVID».

Gestión del Gobierno

El Gobierno tramitó en 2023 la Ley de Vivienda, y en enero del presente año la ley Orgánica 1/2025, que incorporó los delitos de allanamiento de morada y usurpación al procedimiento de juicio rápido previsto en el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con esta ley se pretendía establecer que, si el juicio no puede concluir en el día señalado, debería continuar en un plazo máximo de quince días. Sin embargo, en abril entró vigor la obligación de buscar un acuerdo antes de iniciar un proceso judicial civil o mercantil. Esta negociación, no ha encontrado una vía expedita ante las tácticas sofisticadas de presentar contratos falsos y la saturación de los juzgados.

Además, esto solo corresponde a los casos de usurpación y allanamiento de morada, no de inquiocupación.

«Se ha malinterpretado por parte de muchos medios de comunicación la aprobación de la Ley de Eficiencia de la Administración de Justicia, la 1/2025, que en principio incluía una enmienda presentada por el Partido Nacionalista Vasco, que lo que pretendía era hacer juicios rápidos en casos de ocupación. En ningún caso esta medida afecta a los casos de inquiocupación».

«Hay que considerar que no se ha arreglado absolutamente nada, no se ha legislado absolutamente nada en esta materia que ya nos lleva sacudiendo desde el año 2020.

«Esta medida es, en concreto, para los casos de allanamiento y usurpación y que actualmente Fiscalía General del Estado ha emitido un informe en el cual restringe a unos casos muy concretos la posibilidad de aplicar estos juicios rápidos a casos de allanamiento y usurpación».

Mientras el problema de los contratos falsos se da entre los ocupantes que allanan una habitación, en la inquiocupación todos empiezan con un contrato legal, pero se está observando que «la documentación que presentan en muchos casos para hacer ver que tienen una economía holgada para poder hacer frente al alquiler son falsos».

«Existen páginas en internet que por un dinero se encargan de facilitar toda la documentación para poder conseguir el alquiler y posteriormente dejar de pagar y aprovecharse de este Real Decreto y crear una nueva inquiocupación».

Las 56 medidas

El documento «Ayuntamientos: 56 medidas» de la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO) reúne propuestas prácticas para que los municipios mejoren su actuación frente a ocupación e inquiocupación.

En ellas se priorizan protocolos claros y coordinación municipal para policía y servicios municipales, refuerzo de Servicios Sociales con procedimientos más ágiles, y acciones de prevención y convivencia en barrios afectados. Junto a eso, la PAO impulsa medidas para que los suministros (luz, agua, telecomunicaciones) no recaigan en las víctimas cuando hay ocupación o inquiocupación, y mantiene campañas y propuestas dirigidas a empresas y administraciones para que ajusten sus procesos.

La página oficial explica que es una carta lista para registrar y debatir en pleno municipal, con instrucciones para presentarla presencial o de manera telemática. La idea es dar a los ayuntamientos un paquete de medidas «llave en mano» desde la perspectiva de las víctimas.

Además de la carta con 56 medidas, la plataforma centraliza guías y descargas (incluida la propia carta) para facilitar que cualquier ciudadano las lleve a su ayuntamiento y quede constancia en registro.