El 23 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, irrumpió en el Consejo Europeo de Bruselas con una idea que ha generado controversia: pedir a la Unión Europea (UE) que impulse normativas para poner freno a la compra de viviendas si no es para uso residencial.
En una declaración a los medios, Sánchez propuso «medidas legales» de la UE «para que podamos poner freno a la compra de vivienda que no sea para uso residencial». Abogó por un «fondo específico para la construcción de vivienda protegida» para aliviar la «emergencia habitacional» en España y Europa.
La propuesta del mandatario surge en un contexto de crisis de vivienda que afecta a millones de españoles. Según Eurostat, los precios de la vivienda han subido un 72 % entre 2015 y 2025, superando la media europea del 58,3 %. El Banco de España estima un déficit de 700 000 viviendas.
Las palabras de Sánchez, pronunciadas en la capital belga, podría deberse a la presión de socios como Sumar y ERC, pero chocan no solo con quienes ven en la liberalización del mercado la verdadera solución, sino con las miradas de los dirigentes del propio PSOE.
El giro de Sánchez
La propuesta de Sánchez marcaría un cambio en la postura del PSOE, que hasta hace meses rechazaba medidas de este tipo.
El año pasado, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, calificó la idea de prohibir compras no residenciales como «extrema y contraproducente», argumentando que afectaría a segundas residencias legítimas, como por ejemplo aquellas destinadas a vacacionar.
Sin embargo, la presión de aliados como Sumar, ERC y Podemos, que han condicionado su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), parece haber forzado el viraje.
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Verónica Martínez, portavoz de Sumar, exigió el 21 de octubre medidas más contundentes contra la crisis habitacional, criticando a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez (PSOE), por iniciativas como el teléfono 047, una línea de atención lanzada recientemente que Martínez tildó de «teléfono de la esperanza».
«El Gobierno no va a poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado si no interviene el mercado de la vivienda, baja los alquileres y prohíbe la compra de vivienda que no sea para residir», ya había amenazado en febrero, Ione Belarra, líder de Podemos.
«La solución es sencilla: una familia, una casa», añadió días atrás Gabriel Rufián, de ERC, sumando presión sobre el Ejecutivo.
Liberalizar, no regular
La crisis de vivienda en España tiene raíces profundas.
Según el Colegio de Registradores, los extranjeros no comunitarios adquirieron el 14,6 % de las viviendas transaccionadas en 2024, muchas destinadas a alquiler turístico o especulación.
En ciudades como Barcelona o Madrid, el alquiler se lleva más del 100 % del salario medio. En zonas como Baleares, los precios subieron un 11,7 % interanual en el segundo trimestre.
Para Gonzalo Bernardos, analista inmobiliario y profesor de la Universidad de Barcelona, el problema no es la demanda extranjera, sino la falta de oferta, por eso las medidas deben ir orientadas a ampliar la cantidad de viviendas disponibles.
Desde la oposición, Vox y el Partido Popular (PP) rechazan las propuestas de Sánchez y sus aliados por considerarlas no solo ataques a la libertad económica, sino porque, de aplicarse, agravarían el problema.
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Vox propone, en cambio, reducir el IVA en vivienda nueva al 4 % y eliminar restricciones urbanísticas.
El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Sánchez de convertir la vivienda en el primer problema de los españoles. «Usted se toma a los trabajadores como cajeros automáticos», aseguró Feijoó.
«No me extraña que la mitad del Gobierno le pide que cese a la ministra de Vivienda», añadió el 22 octubre.
«Los retrasos administrativos y la maraña normativa están paralizando la oferta y castigando a quienes más necesitan un hogar», agregó el eurodiputado Borja Giménez Larraz (PP) en el Parlamento Europeo en el medio del debate la semana pasada.
Por ahora, la propuesta de Sánchez no ha encontrado eco inmediato en Bruselas.
El Partido Popular Europeo impulsó el debate de un informe que urge reducir los plazos de licencias a 60 días y aplicar un IVA superreducido en obra nueva para resolver la «emergencia habitacional».
Estas medidas buscan «agilizar trámites», reducir costes y «garantizar que la legislación europea en materia medioambiental o energética no frene la oferta habitacional».
El mercado como solución
El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe de 2024, recomendó a España reformas en urbanismo para impulsar la oferta, especialmente mediante la agilización de permisos de construcción y la modificación de la Ley del Suelo.
El Círculo de Empresarios, en junio de este año, denunció la falta de oferta y propuso un paquete de reformas que incluye simplificar la normativa urbanística, agilizar trámites administrativos para licencias (como mediante declaraciones responsables) y reducir la condicionalidad ideológica extrema para reactivar la construcción.
«El problema más grave es que estamos fallando en lo más fácil: generar oferta, y eso está generando un bloqueo económico, social y territorial», advirtió Juan María Nin, presidente de la entidad.
Estaría por ver si, de prosperar, la propuesta de Sánchez podría generar efectos no deseados, como una reducción significativa de la oferta y, por ende, un incremento aún más sustancial de los precios. Por ello, mientras Bruselas debate, España enfrenta el desafío urgente de brindar las condiciones para construir más viviendas.
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