El 29 de octubre de 2024, una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) arrasó la provincia de Valencia, dejando 229 fallecidos, miles de damnificados y daños estimados en decenas de miles de millones de euros.
Un año después, las sirenas resonarán en municipios como Paiporta, Catarroja o Massanassa, pero las promesas de ayudas se desvanecen en un laberinto burocrático. Ciudadanos y agricultores, los más golpeados, denuncian que los fondos llegan a cuentagotas, sin alcanzar ni el 50 % de lo prometido.
El Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, anunció un paquete de 16 600 millones de euros para la recuperación. Sin embargo, solo se han desembolsado 6680 millones en ayudas directas y 756 millones en financiación avalada.
La Generalitat Valenciana había comprometido 2561 millones de euros, con 900 millones en apoyos para bienes esenciales, vehículos y alquileres.
Aun así, según el Ministerio de Hacienda, 34 000 familias siguen esperando las ayudas básicas, y solo 7497 han recibido pagos.
Vidas atrapadas en la espera
El mes pasado, la comisionada para la DANA, Zulima Pérez, afirmó a Levante-EMV: «La reconstrucción es una obligación moral de estar al lado de los ciudadanos y una constatación de que las políticas socialdemócratas funcionan».
Sin embargo, en muchos lugares, el barro seco y la incertidumbre aún persisten. Como, por ejemplo, en la «zona cero», como Paiporta o Benetússer.
De hecho, la Comisión Europea comunicó a comienzos de este mes que brindaría una ayuda de aproximadamente 1600 millones de fondos europeos para apoyar la recuperación de Valencia. De estos, 946 millones provienen del Fondo de Solidaridad de la UE.
Por poner un ejemplo, de los tantos que hay: más de 300 obras de ascensores están bloqueadas y 700 sin terminar por retrasos en subvenciones.
Mientras las críticas se dirigen principalmente a Moncloa, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, declaró el lunes que «la comunidad entera decidió ponerse en marcha pese a las dificultades de la falta de inversión».
«Se nos han negado incluso los nuevos Presupuestos Generales del Estado que deberían de haber ayudado con algo más de inversión para equilibrar un poco la balanza», añadió con un tono crítico hacia Sánchez, exigiendo, a su vez, una comisión mixta para desbloquear 1700 millones en ayudas municipales.
En tanto, en el ámbito educativo, la Generalitat abrió este mes un plazo hasta el 19 de noviembre para ayudas de 500 euros por alumno (hasta 200 000 estudiantes) y 600 euros para universitarios (hasta 5000 beneficiarios).
Campos en ruinas, promesas vacías
El sector agrario perdió más de 214 mil toneladas de cultivos (cítricos, caqui, viña, olivar), con daños por más de 103 millones de euros, según un informe reciente de La Unió Llauradora i Ramadera.
En este marco, más de 300 hectáreas pasarán a Dominio Público Hidráulico (DPH), con indemnizaciones de 11 800 euros por hectárea, calificadas de «miseria» por el sector.
«El problema para los agricultores es que dicha compensación tiene naturaleza de pérdida de renta, no de expropiación. Si fuera una expropiación, el Estado debería abonar el justiprecio conforme a valor de mercado, que en muchos casos podría superar con creces (por ejemplo, multiplicar por tres) la cuantía de la compensación fijada por hectárea», explica Víctor Viciedo, presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos (ALIV).
«Cuando una tierra pasa a ser de dominio público, en justicia el Estado debería abonar el valor del bien. Con mayor motivo si, además, pudiera apreciarse responsabilidad administrativa en el ensanchamiento del cauce por falta de mantenimiento, por desembalses o por no ejecutar obras aprobadas en el Barranco del Poyo», añade en diálogo con The Epoch Times España.
Viciedo propone «presionar para la creación de una Mesa Técnica de Tasación con la Administración y representantes de los afectados, con peritos y letrados, para revisar los casos donde el módulo resulte manifiestamente insuficiente»
Según el Ministerio de Agricultura, el Gobierno ha ejecutado ayudas al agro por un valor de 277 millones de euros, con 190 millones agricultores y ganaderos y 87,3 millones en obras ejecutadas por la empresa pública Tragsa.
No obstante, AVA-ASAJA estima que el 40 % del sector sigue sin recuperarse.
Su presidente, Cristóbal Aguado, declaró días atrás en COPE Valencia: «La desesperación está comenzando a hacer mella en los agricultores valencianos afectados por la DANA». Criticó al MITECO y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por trabas en reparaciones.
«La recuperación es muy desigual: hay explotaciones agrícolas que han podido rehacerse parcialmente gracias a las ayudas, a las actuaciones de Tragsa y al esfuerzo de los agricultores y a la solidaridad del sector, pero en muchas zonas las infraestructuras agrarias —como por ejemplo caminos, acequias o sistemas de riego— siguen sin estar plenamente operativas. Además, las ayudas públicas llegan con bastante lentitud» denuncian por su parte desde La Unió.
«Los agricultores afectados no solo perdieron la cosecha del año de la DANA, sino que, un año después, continúan sin poder cultivar debido, principalmente, a la falta de reparación de los caminos y de las infraestructuras hidráulicas por parte de la Administración», agrega Viciedo, quien dedicó un programa en su canal de YouTube a denunciar los efectos de la DANA y lo que consideró una mala praxis del Gobierno en la agricultura local.
«Diréis, ¿qué tiene que ver eso con la agricultura? Mucho, en primer lugar, porque afecta o afectó también a los campos y a los agricultores, y ahora mismo por ejemplo, hay muchas tierras que se han denominado DPH, Dominio Público Hidráulico, y les van a pagar una miseria», indicó.
Viciedo vinculó la catástrofe a «las mismas políticas verdes, climáticas, [que] son exactamente las mismas que afectan a la agricultura y que nos quitan competitividad», añadiendo: «Y por eso hay que señalarlas, porque no solamente están destruyendo la agricultura en España, sino que además, como hemos visto, matan».
«Las políticas de falso verde derivadas del Pacto Verde Europeo perjudican gravemente al sector. Sin necesidad ni justificación ecológica alguna, tan solo basadas en dogmas climáticos, se imponen políticas agrarias que incrementan los costes de producción y disminuyen el rendimiento agrícola», declaró a este medio.
Criticó especialmente la Ley de Restauración de la Naturaleza, que «no solo perjudica a la agricultura y a la ganadería, sino que también es responsable de que se pongan trabas a la limpieza de los cauces, lo que produce los desbordamientos».
El dirigente agropecuario cuestionó la falta de limpieza de barrancos, el mantenimiento de embalses y el aviso de apertura de la presa de Forata, sugiriendo que «la probabilidad de que esto haya sido intencionado es muy alta».
Desde su campo en Villarreal, detalló: «La falta de limpieza de barrancos, especialmente de vegetación invasora como las cañas, junto con la acumulación de basuras, restos vegetales y troncos, ralentizó la velocidad del agua, taponó ojos de puentes y elevó los niveles y caudales, provocando desbordamientos y olas que arrasaron cultivos, ocasionaron pérdidas de ganado e incluso humanas».
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Si en el sector agropecuario la situación es delicada, en las urbes sucede algo similar. Según un informe de la Cámara de Comercio de Valencia, el 20 % del comercio y el 15 % de la industria en la zona cero permanecen cerrados.
José Vicente Morata, su presidente, afirmó: «Somos resilientes, pero sin las ayudas públicas muchas empresas no habrían salido aún adelante».
En septiembre, la Generalitat ofreció un refuerzo de 3000 euros a 18 000 autónomos sin empleados.
Sin embargo, 5000 autónomos esperan la prórroga de cese de actividad prometida por el Ministerio de Economía a comienzos de este año. Mazón denunció el mes pasado que el Gobierno «viene mintiendo» a estos autónomos que han cesado su actividad como consecuencia de la riada y que están esperando la prórroga. «Además de abandono, hay mentira», ha indicado.
¿Sin lecciones aprendidas?
Mientras miles de damnificados aún siguen esperando las ayudas prometidas, las autoridades se acusan entre sí.
A poco de cumplirse un año de la DANA, Sánchez sostuvo que Mazón tuvo una «gestión negligente», mientras el presidente de la Generalitat replicó que esta es la «semana del respeto» y la de «tratar de buscar» la «mayor colaboración entre todos posible». Asimismo, ha pedido intentar «evitar» la «falta de respeto» en una semana «tan durísima» coincidiendo con la efeméride de «una tragedia tan extraordinariamente cruel».
En este marco de declaraciones cruzadas y promesas incumplidas no es de extrañar la ausencia de un plan concreto contra futuras riadas, dejando a Valencia en una situación vulnerable ante una nueva tragedia.
Para llegar a una solución de fondo, Viciedo propone algo simple, pero que sacudiría Bruselas: «No hay alternativa: para evitar que el sector primario europeo y, por ende, el español, sea sustituido por importaciones de terceros países donde no rigen leyes medioambientales estrictas, (…) y si además queremos apostar por la seguridad frente a las inundaciones, hay que derogar el paquete completo de leyes derivadas del Pacto Verde Europeo».
Después de la caída brutal del PIB en la región en el último trimestre del año pasado, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) prevé un crecimiento del 2,8 % en 2025, pero con el agro al 60 % y un 10-15 % de explotaciones al borde del cierre.
Es por ello que en Villarreal o Requena, esperan no solo que no se repita la desgracia, sino que —al menos— también se cumpla con lo prometido.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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