España propuso un Plan Nacional de Ciudades Inteligentes en 2015, con el objetivo claro de transformar la vida de los ciudadanos hacia un nuevo entorno digital y establecer «una política industrial que promueva el crecimiento del sector tecnológico y su capacidad de internacionalización». La smart city forma parte de la Agenda 2030 y cuenta con una hoja de ruta que ya se extendió a las zonas rurales, donde, lejos del mundanal ruido, ni siquiera los animales escapan a la imposición de un importante cambio que ahora ofrece nuevos retos y nuevos riesgos de seguridad.
Esta agenda considera que «España debe seguir impulsando el desarrollo de un sector industrial fuerte, competitivo y de referencia internacional, que contribuya a la recuperación de la actividad económica y a la creación de empleo».
El argumento se basa en que más del 80 % de la población, según datos del Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas del Ministerio de Fomento, vive en las ciudades por lo que habría que estar «preparados para prestar servicios, fundamentalmente no administrativos, de manera sostenible».
«Atender a las necesidades de agua potable, transporte o aire limpio constituirá un reto de extraordinaria magnitud y una oportunidad para la industria».
¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudad inteligente? De un ecosistema que compra y despliega TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), que incluyen sensores, cámaras, medidores ambientales, plataformas de datos y software de análisis; y de quienes toman las decisiones sobre qué se observará y controlará.
Puede ocurrir que se midan las personas que se acercan a un lugar, los vehículos, la calidad del aire o el consumo energético. Estos datos se transmitirán a las centrales mediante las redes de conectividad y, bajo las reglas de ciberseguridad que determine la autoridad, se guardarán o borrarán. Entre medio, se automatizarán las respuestas de tráfico, alumbrado, climatización de edificios públicos, gestión del agua, residuos, etc. Todo ello bajo la responsabilidad del operador público y sus proveedores. Detrás de todo existe también la comunicación que tiene el producto con su fabricante que no siempre es vigilada y puede abrir o cerrar cualquier elemento inteligente conectado a Internet.
La Agencia Española de Protección de Datos, la Autoridad Catalana de Protección de Datos, la Autoridad Vasca de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía advirtieron en mayo de 2024, que de por sí la tecnología inteligente de registrar la presencia de los dispositivos que llevan las personas para identificar sus patrones de movimiento implica el empleo de datos personales que conlleva riesgos inherentes.
En su opinión la persona afectada debería saber como se tratan sus datos que podrían ser monitoreados en los centros comerciales, museos, centros de trabajo, áreas públicas, transportes o grandes eventos de las ciudades inteligentes.
En 2017, el plan de las smart city se extendió al ámbito rural. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó el Plan Nacional de Territorios Inteligentes (PNTI) 2017-2020, dotado con 170 millones de euros, que contempla seis líneas prioritarias: turismo inteligente (60,4 M€); objetos internos de ciudad, como estaciones y edificios inteligentes (30,5 M€); tecnología 5G (10,2 M€); Laboratorio Virtual de Interoperabilidad entre edificios, estaciones, puertos y aeropuertos (0,4 M€); Territorios Rurales Inteligentes (51,3 M€); y Servicios Públicos 4.0 en plataformas de ciudad y mundo rural (10,4 M€).
Y en 2022, el ministerio amplió la iniciativa a 244 970 000 de euros en el ámbito tecnológico para desarrollar un total de 25 proyectos en nueve comunidades autónomas.
La fase inicial: disponer de sensores y elementos que observan y registran
Las ciudades inteligentes se apoyan en una capa física de tecnología: ordenadores, teléfonos, servidores en la nube o en centros de datos locales y una constelación de sensores IoT, desplegados en farolas, marquesinas, redes de agua o edificios públicos, que miden variables del entorno. Esos dispositivos registran temperatura, humedad, presión, CO₂, NO₂, O₃, partículas en suspensión (PM2.5/PM10), ruido (dB), radiación ultravioleta y parámetros de calidad del agua, entre otros. Ya no hace falta que un operario recorra la ciudad con una libreta: los sensores envían datos de forma continua a plataformas software que los procesan y activan respuestas automáticas.
El tráfico y el estacionamiento son dos ejemplos claros. Bucles magnéticos incrustados en la calzada, radares y lidar cuentan vehículos y calculan su velocidad media; magnetómetros y ultrasónicos detectan plazas libres en superficie. Con esa información, los semáforos adaptativos ajustan ciclos y prioridades, y los paneles informativos guían a los conductores hacia aparcamientos con disponibilidad real, reduciendo vueltas y emisiones.
La gestión de residuos también se automatiza. Los contenedores equipados con sensores de llenado avisan cuando alcanzan un umbral y el sistema genera rutas dinámicas para los camiones. El resultado es menos kilómetros de tráfico, menos ruido y menos combustible, con trazabilidad por GPS para verificar que el servicio se presta en todos los barrios.
En redes de servicios, los contadores inteligentes y sondas monitorizan caudales y presiones de agua, detectan fugas, miden consumos eléctricos o alertan de concentraciones anómalas de gas. En infraestructuras críticas, acelerómetros y galgas extensométricas vigilan la vibración y la deformación de puentes y estructuras, mientras los sensores térmicos informan del estado del asfalto y del alumbrado
Dentro de los edificios municipales, el mismo enfoque se traduce en que sistemas BMS/SGE controlan la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado: si aumenta el CO₂ en una sala, se abren compuertas y sube el caudal de ventilación; cuando el edificio se vacía, baja la potencia. En hospitales se monitorizan presiones diferenciales y otros parámetros; en centros comerciales, la impulsión de aire y la presión se adaptan al aforo y al flujo de puertas abiertas. El argumento es un ahorro frente a la operación manual, con aire interior más saludable y temperaturas estables.
Todo este ecosistema necesita conectividad: desde fibra y 4G/5G hasta redes de bajo consumo y largo alcance (LPWAN). Parte de la analítica se realiza en la propia cámara o sensor, con el firmware o microcontrolador de esos equipos —muchos conectados a distancia con sus fabricantes— para reaccionar en milisegundos, mientras que el resto se procesa en plataformas urbanas que consolidan la información y ejecutan reglas.
¿Quién decide y cómo se gobierna?
La «inteligencia» urbana no consiste solo en acumular sensores, sino en convertir los datos que generan en decisiones útiles, con eficiencia medible y una gobernanza clara para que la tecnología mejore la vida de los vecinos sin invadir su privacidad. En definitiva, esta tecnología se controla con software que puede decidir medirlo todo y guardarlo todo, o solo aquello que permite la ley.
Pero ¿quién decide si el software debe desarrollar una u otra medida que pueda ser realmente útil para el ciudadano? El ayuntamiento fija las reglas en los pliegos de contratación: define qué datos se recogen, con qué finalidad y durante cuánto tiempo.
Se exige interoperabilidad entre las diferentes marcas y ciberseguridad conforme al Esquema Nacional de Seguridad, así como el cumplimiento de la normativa de protección de datos. La empresa adjudicataria —integrador o proveedor— desarrolla e implanta la solución bajo supervisión técnica municipal. Además, deben existir auditorías, registros de acceso y planes de reversibilidad para que, si cambia el proveedor, la ciudad conserve el control de sus sistemas y de su información.
¿Cuales son los riesgos?
Las ciudades inteligentes disponen de dispositivos que pueden llegar a actuar de manera descontrolada para propósitos ajenos al bienestar ciudadano; por lo tanto, «lo inteligente» dependerá de cómo se despliegue.
Por ejemplo, las cerraduras inteligentes prometían comodidad con su publicidad de «abre con el móvil», «comparte llaves digitales» u «olvídate de las copias», pero esta magia ha mostrado riesgos muy reales. En 2017, la empresa LockState lanzó por internet una actualización a distancia del firmware de sus cerraduras y las bloqueó. Esto dejó a los propietarios sin poder entrar a sus habitaciones y bloqueó check-ins en hoteles.
Este es un ejemplo de un dispositivo que se puede manejar a distancia no solo por las autoridades de las ciudades inteligentes, sino también por las empresas proveedoras ya que el microcontrolador que lee la medida y la guarda, cuenta con una radio para comunicar su dato (incluso a Wi-Fi y a veces 4G/5G), y una batería que lo mantiene activo.
Prácticamente todos los sensores llevan el microcontrolador que es un firmware conectable al exterior.
En seguridad están las cerraduras, videoporteros, cámaras, alarmas, lectores LPR. En el hogar y edificios, las bombillas y enchufes smart, termostatos, sensores (movimiento, CO₂, fuga), actuadores de temperatura, ascensores conectados. En la ciudad los sensores de aparcamiento, calidad del aire/ruido, contadores de agua/energía, alumbrado, paneles informativos, estaciones meteo. En el transporte, los validadores de tarjetas, cámaras embarcadas, parquímetros y otros. En la industria están las pasarelas, los inversores fotovoltaicos capaces de afectar toda una red eléctrica, los cargadores de vehículos eléctricos, y otros.
Cualquier falla conlleva un problema de seguridad.
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En 2022, investigadores de NCC Group demostraron que algunos ataques pueden confundir la señal Bluetooth y abrir cerraduras de coches y casas —y acceder a datos— que usan autenticación por proximidad. «En efecto, un coche puede ser hackeado desde el otro lado del mundo con un móvil legítimo».
En una ciudad inteligente, la fuerza de un ataque informático o de una mala acción puede provenir del interior o del exterior.
En 2021, Mercadona probó en algunas tiendas un sistema de reconocimiento facial para identificar a personas con órdenes judiciales de alejamiento. La Agencia Española de Protección de Datos concluyó que la medida era «desproporcionada» y sancionó a la cadena con 2,5 millones de euros.
En 2017, el municipio de Enschede, en los Países Bajos, decidió medir la afluencia de público en el centro mediante sensores y contrató a una empresa especializada en conteos de personas. Se instalaron equipos en las calles comerciales que detectaban las señales Wi-Fi de los teléfonos móviles de los transeúntes. Cada teléfono se registró por separado y se le asignó un código único.
El razonamiento fue sorprendente. Los municipios y dos empresas tuvieron acceso a los datos. Monique Verdier, vicepresidenta de la DPA, que investigó el caso, dijo que «se podía ver exactamente qué persona pertenecía a qué código». También se observaron patrones, como que una persona llegaba al mismo lugar todos los días a las 8:00 y salía a las 17:00.
«Toda persona tiene derecho a realizar sus actividades en el exterior con libertad y sin ser espiada. Sin que el gobierno ni ningún otro partido pueda vigilarla ni saber qué hace. Eso forma parte de nuestra sociedad libre y abierta», señaló Verdier. En este caso, aunque el municipio fue multado, las autoridades consiguieron un recurso de protección.
España se salta las restricciones de seguridad europeas y de EE. UU.
En España, el Esquema Nacional de Seguridad ha sido cuestionado en la medida en que permite el uso de equipos de la empresa china Huawei para almacenar datos sensibles de escuchas policiales, o productos de Huawei y ZTE en redes inteligentes 5G, que la Unión Europea restringe por motivos de ciberseguridad. El Gobierno de Pedro Sánchez los ha autorizado ampliamente.
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Barcelona y Málaga son dos ejemplos recientes donde se ha colocado abiertamente a Huawei en el mapa de iniciativas Smart city.
El 4 de marzo, en Barcelona, el Ayuntamiento firmó en el Mobile Word Congress (MWC) un memorando de entendimiento con Huawei para «avanzar en iniciativas de ciudad inteligente», con foco en centros de mando urbanos, conectividad, energía verde y plataformas TIC, además de programas de formación vinculados a Barcelona Activa y la Huawei Spain Academy. El alcalde Jaume Collboni, y directivos de Huawei dijeron que el acuerdo se presenta como un paso para reforzar «la digitalización y la sostenibilidad, contribuyendo a que Barcelona sea un referente en el uso de tecnología para el beneficio de la sociedad».
En Málaga, la compañía colabora con el Ayuntamiento en un piloto de Wi-Fi público en el Mercado de Atarazanas, también enmarcado en la estrategia local de ciudad inteligente.
Por otro lado, las cámaras chinas Hikvision, clasificada en EE. UU. en la lista de empresas militares chinas, están distribuidas en Tres Cantos, Madrid y en la videovigilancia de instalaciones gubernamentales.
En Tres Cantos, el ayuntamiento implantó un sistema de movilidad y control de accesos con cámaras LPR (lectura automática de matrículas), domos PTZ (cámaras con movimiento lateral y de inclinación) y unidades panorámicas multilente de Hikvision, todo centralizado con el software HikCentral y desplegado junto al un integrador. El proveedor detalla que el objetivo municipal es la visibilidad de puntos clave, la respuesta en tiempo real y la analítica del tráfico; también subraya la escalabilidad y la gestión desde la Policía Local.
El eurodiputado Jorge Buxadé Villalba emitió, el 23 de julio, una consulta pública al Parlamento Europeo denunciando que el Gobierno español ha contratado a la empresa china Hikvision para suministrar cámaras de videovigilancia para instalaciones gubernamentales, incluidos lugares sensibles como La Moncloa y puntos de control fronterizos, como los de la frontera sur de la UE.
«Hikvision ha sido prohibida en EE. UU. y está restringida en muchos otros países debido a su papel en la vigilancia masiva de minorías y a sus estrechos vínculos con el régimen chino. La Agencia de Seguridad Nacional estadounidense y expertos europeos han advertido sobre el riesgo de acceso remoto no autorizado a estos dispositivos (…) ¿Considera la Comisión que estos contratos cumplen el principio de seguridad nacional como parte de la estrategia de la UE?».
La cámaras chinas Dahua también hicieron su aparición durante la pandemia con IFEMA, en Madrid, para el control de temperatura sin contacto. En Zaragoza, el Ayuntamiento las instaló en los accesos a la Casa Consistorial, el edificio Seminario y el cuartel de la Policía Local, dentro del paquete de medidas de seguridad municipal.
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Según Gemma Galdon-Clavell, de Eticas REsearch & Consulting, Barcelona, «las cámaras de videovigilancia llevan años proliferando, sin embargo, ni las evaluaciones existentes dan motivos que justifiquen este entusiasmo por las cámaras en la lucha contra la delincuencia, ni las imágenes grabadas han servido de forma determinante en la prevención o resolución de grandes delitos recientes».
«La pregunta que emerge, pues, es: ¿cómo es posible que la videovi-gilancia haya conseguido no solo imponerse sino seguir una trayectoria de expansión, mantener cifras de apoyo popular considerables y generar un consenso favorable in-quebrantable entre los responsables políticos, las autoridades policiales y la población en general?».
En otro ámbito, el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo informó de la adquisición de un dron para su Policía Local, de la marca china DJI Mavic 3 Pro Enterprise, «equipado con cámara de vídeo y fotos y también con cámara térmica», que se utilizará como una herramienta más para la seguridad ciudadana. La inversión superó los 6000 euros «para dotar a nuestra Policía de los medios más avanzados», dijo el alcalde, José García Salinas.
Las smart city en la agenda 2030
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU fija metas de transporte sostenible, planificación urbana y gestión de residuos. La base política global de las llamadas smart cities se alinea con el programa de Desarrollo Sostenible y con la Misión de la UE que propone alcanzar «100 ciudades climáticamente neutras e inteligentes para 2030».
Esta llamada neutralidad pretende llegar en 2050 a un cero neto de gases GEI (CO₂, CH₄, N₂O, F-gases), principalmente reduciendo. Es parte de la Ley Europea del Clima. Los otros contaminantes del aire (NO₂/NOx, SO₂, PM2.5/PM10, ozono troposférico, benceno, etc.) se regulan con otras leyes.
La Identidad Digital Europea —para acceder a portales públicos, llevar el carné de conducir en el móvil o firmar contratos de forma digital— también forma parte de la agenda; también el proyecto de pago con euro digital (BCE), sobre el cual el Consejo de Gobierno decidirá el siguiente paso en octubre de 2025.
En Europa se barajan varias leyes que acompañan este entorno. Una es la Data Governance Act (DGA), que permitiría compartir datos entre sectores (salud, energía, movilidad, medioambiente, etc.) cuando las autoridades lo determinen. Introduce figuras como los intermediarios neutrales de datos y el altruismo de datos para utilizar información pública protegida con confidencialidad y controles de acceso.
Otra norma, el Reglamento (UE) 2023/2854 (Data Act), fija reglas de acceso y uso de datos, especialmente los que generan los dispositivos conectados/IoT típicos de una smart city (contadores, sensores, equipos). El usuario puede acceder a esos datos; además, se obliga a la interoperabilidad y se prevé que, en necesidades excepcionales (por ejemplo, emergencias), el sector público pueda solicitar datos a quienes los tengan.
Por su parte, el Espacio Europeo de Datos de Salud (EHDS) establece reglas comunes para usar e intercambiar la historia clínica electrónica en toda la UE y permite que estos datos se reutilicen por terceros para investigación, políticas públicas o interés general.
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