El Tribunal Supremo ha hecho pública este martes la sentencia íntegra —19 días después de adelantar el fallo— por la que condena al ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y a una multa de 7200 euros por un delito de revelación de secretos.
La Sala de lo Penal considera acreditado que García Ortiz filtró a la prensa, directa o indirectamente, el correo del abogado de Alberto González Amador —pareja de la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso— en el que se reconocía la comisión de dos delitos fiscales, así como la posterior nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024.
La sentencia, firmada por cinco magistrados, cuenta con voto particular de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, que defendían la absolución al entender que no quedó probado que García Ortiz fuera el autor material o intelectual de la filtración.
En la misma jornada, el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado en sustitución de García Ortiz. La hasta ahora fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer tomará posesión tras jurar o prometer el cargo ante el Rey y el pleno del Tribunal Supremo.
Peramato, que obtuvo el respaldo unánime del Consejo General del Poder Judicial y compareció el pasado 4 de diciembre ante el Congreso, prometió «tender la mano a toda la carrera para sanar la herida» abierta por el proceso contra su antecesor.
El Partido Popular ha celebrado la resolución. Su portavoz, Ester Muñoz, ha declarado este martes en el Congreso que la sentencia convierte a García Ortiz en «el primer fiscal general del Estado delincuente» y ha subrayado que el Supremo ha explicado «perfectamente» por qué se le puede llamar así.
Por su parte, la coordinadora general del Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha calificado la condena de «sentencia hecha ad hoc» y basada «únicamente en meros indicios». En su cuenta de X, Hernández ha escrito: «Se condena a una persona sin poder siquiera probar si fue él quien cometió el delito (…) ahora, más que nunca, toca defender la democracia».
El PSOE ha manifestado que «respeta y acata» el fallo, aunque no lo comparte, y ha puesto en valor el voto particular de las dos magistradas. En un comunicado, los socialistas recuerdan que el caso «nace de un presunto fraude fiscal confesado por el novio de Isabel Díaz Ayuso» y critican que la sentencia se haya publicado «más de dos semanas después de conocerse el fallo».
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expresado su «confianza total y absoluta» en el Tribunal Supremo y ha afirmado que «si no se confía en todas las instituciones, la democracia no funciona», aunque ha añadido que habría sido preferible una publicación más rápida de la resolución.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha evitado valorar el contenido de la sentencia al asegurar que aún no ha tenido tiempo de leerla.
Con esta condena, Álvaro García Ortiz se convierte en el primer fiscal general del Estado inhabilitado por sentencia firme en democracia, un hito que la oposición considera histórico y que el bloque de izquierda interpreta como un ataque al Estado de derecho.
Con información de EFE
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