La agresión contra Estados Unidos ya no llega en barcos de guerra ni en formaciones militares; sino camuflada como aparato estatal.
Documentos federales, reportes de inteligencia y operaciones recientes en el Caribe revelan que el triángulo de poder de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López ha convertido a Venezuela en una plataforma de hostilidad híbrida que opera contra la seguridad nacional estadounidense sin declarar guerra.
Narcotráfico protegido por la Fuerza Armada, expansión del Tren de Aragua, operaciones de inteligencia coordinadas con Rusia, China e Irán, y una maquinaria electoral diseñada para exportar inestabilidad forman parte de un esquema que, según autoridades de Washington, ya vulneró los umbrales estratégicos de EE. UU. en el hemisferio. Lo que emerge no es un conflicto convencional, sino un modelo de agresión silenciosa capaz de proyectar crimen, desinformación y poder geopolítico directamente hacia territorio americano.
Para Washington, este fenómeno no es abstracto. Ha generado impactos directos en su seguridad nacional: desde la expansión de organizaciones criminales venezolanas en el continente —como el Tren de Aragua— hasta la infiltración de cocaína producida y distribuida por redes protegidas por las Fuerzas Armadas venezolanas; desde campañas de desinformación coordinadas con Rusia hasta operaciones de vigilancia electrónica en el Caribe apoyadas por Moscú, Pekín y Teherán. Ningún otro Estado del hemisferio ha combinado tantos elementos de agresión no convencional de manera simultánea. Y ninguno lo ha hecho con un nivel de impunidad tan profundo.
Lo que emerge de las acusaciones del Departamento de Justicia, de los reportes de inteligencia y de las investigaciones sobre el Cartel de los Soles es un patrón deliberado: Venezuela usó herramientas criminales y alianzas autoritarias para erosionar la seguridad regional, manipular procesos democráticos dentro y fuera de sus fronteras y proyectar poder hacia territorio estadounidense sin disparar un solo proyectil. Se trata, según analistas militares de Estados Unidos y Europa, de la forma más precisa y moderna de guerra híbrida.
A nivel militar, el régimen entiende que no puede enfrentar a la maquinaria estadounidense en combate abierto. Por ello, transformó a las Fuerzas Armadas en un instrumento de control territorial interno y en un mecanismo para operar redes ilícitas que financian su supervivencia política. La estructura de mando fue permeada por el cártel de los Soles, un conglomerado criminal de uniformados que —según acusaciones federales— ha facilitado el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos desde finales de los años noventa. La alianza con frentes de las FARC, con Irán y con asesores cubanos consolidó un ecosistema defensivo basado en tácticas asimétricas: milicias civiles, drones iraníes, lanchas rápidas, misiones de inteligencia rusa, entrenamiento urbano y creación de un aparato represivo interno diseñado para prevenir rupturas en la élite militar.
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Este «modelo FANB», lejos de fortalecer al Estado, lo convirtió en rehén de las mismas redes que lo sostienen. La corrupción endémica garantizó lealtades dentro de la oficialidad, mientras las sanciones externas, lejos de fragmentar al régimen, fueron usadas como narrativa cohesionadora. Las recientes operaciones estadounidenses en el Caribe —incluyendo ataques cinéticos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico— demostraron que Washington percibe al componente militar venezolano no como un ejército tradicional, sino como un brazo operacional de una red criminal con capacidad para proyectar inestabilidad continental.
El aparato de inteligencia venezolano, reforzado por Cuba y con asistencia tecnológica de Rusia, China e Irán, constituye otro pilar de la agresión híbrida. El SEBIN y la DGCIM han sido señalados por su participación en operaciones de persecución interna, pero también en la coordinación de actividades criminales transnacionales: extorsión, tráfico de migrantes, lavado de dinero y apoyo al Tren de Aragua, organización que se expandió a más de una docena de países y ha sido detectada operando en ciudades clave de EE. UU. La DEA y el Departamento de Seguridad Nacional han documentado cómo estas redes utilizaron criptomonedas, empresas fachada y corredores ilegales de oro para mover capitales provenientes del narcotráfico, la corrupción y operaciones clandestinas del Estado venezolano.
En paralelo, la manipulación electoral —dentro y fuera del país— se convirtió en herramienta estratégica. Acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y testimonios de miembros del régimen chavista, incluyendo el del narcogeneral Hugo Carvajal, describen un ecosistema donde el control del Consejo Nacional Electoral, la cooptación de instituciones judiciales y la represión organizada del SEBIN convergen para invalidar mayorías electorales adversas. Washington interpreta este fenómeno como un riesgo hemisférico: deslegitima procesos democráticos en países aliados, facilita narrativas antinorteamericanas y crea oportunidades para que actores autoritarios penetren sistemas políticos débiles. Para el aparato de seguridad estadounidense, fraude, desinformación y represión no son dinámicas domésticas venezolanas: son elementos de una operación regional.
El hub estratégico antioccidental
Hugo Chávez, y luego Maduro, convirtieron a Venezuela en un hub para la proyección estratégica de potencias rivales. Rusia utiliza territorio venezolano para operaciones de influencia y vigilancia electrónica, incluidas actividades sospechosas en la isla La Orchila que han alertado a la comunidad de inteligencia estadounidense. China usa la crisis económica venezolana para expandir infraestructura, acceso a minerales críticos, herramientas de vigilancia social y cobertura diplomática en organismos multilaterales. Irán aprovecha el aislamiento de Caracas para profundizar redes financieras y militares que le permiten sortear sanciones occidentales, incluyendo el suministro de drones y asistencia petrolera. Cuba mantiene el control de inteligencia interna y parte del aparato ideológico.
Estas alianzas no solo sirven para sostener al régimen: modifican el equilibrio de poder en el hemisferio occidental. Permiten a Moscú ganar presencia en el Caribe mientras enfrenta a la OTAN en Europa; facilitan a China expandir su influencia en Iberoamérica sin costos políticos; otorgan a Irán una plataforma logística para actividades extraterritoriales; y fortalecen a Cuba en su rol de asesor estratégico de dictaduras regionales. Esta red convierte a Venezuela en una pieza del ajedrez global donde confluyen intereses antioccidentales. Para EE. UU., ese es un umbral de amenaza que no puede ignorarse.
La agresión híbrida no se anuncia: se infiltra. No declara guerra: la normaliza. No ocupa territorios: los desestabiliza. La evidencia sugiere que el régimen venezolano ha usado esta doctrina para operar bajo el radar, erosionando la seguridad estadounidense desde múltiples frentes al mismo tiempo. El narcotráfico afecta directamente a la salud pública estadounidense. El Tren de Aragua produce impactos en ciudades desde Santiago de Chile hasta Nueva York. La alianza con Rusia crea riesgos de vigilancia y penetración estratégica a pocas millas de Florida. La manipulación electoral y la desinformación contribuyen a la polarización hemisférica. La migración forzada genera presión social y política en toda la región.
Si Estados Unidos decide no responder, el precedente será devastador: quedará demostrado que un Estado debilitado, sostenido por economías ilícitas y aliado con potencias rivales, puede violar la seguridad nacional de la mayor potencia del mundo sin enfrentar consecuencias proporcionales. Otros regímenes —desde Centroamérica hasta África— podrían replicar el modelo: crimen transnacional como herramienta de gobierno, colapso institucional como plataforma de poder, alianzas autoritarias como escudo diplomático. Y el hemisferio occidental entraría en una era donde la agresión híbrida sería la regla, no la excepción.
Las investigaciones continúan. Las presiones diplomáticas aumentan. Las operaciones militares en el Caribe se intensifican. Pero el tiempo corre. Los expertos militares y de inteligencia en Washington están seguros de que Venezuela ha vulnerado la seguridad nacional de EE. UU., pero cuestionan hasta cuánto más puede avanzar este proceso antes de que se produzca una respuesta proporcional. Y, sobre todo, si esa respuesta llegará a tiempo para contener las consecuencias de una agresión que no se declaró, pero que ya está en marcha.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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