Frente al Congreso de los Diputados, un grupo de entidades defensoras de derechos humanos, asociaciones de consumidores y movimientos por el derecho a la vivienda se concentró el martes dos de diciembre para exigir al Gobierno la prórroga de la suspensión de desahucios de alquiler a familias vulnerables.
La medida, que vence el 31 de diciembre, ha evitado cerca de 60 000 lanzamientos en cinco años de prórrogas sucesivas, primero semestrales y luego anuales.
Pero en el otro lado del debate, plataformas como la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO) y la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) advierten de un «efecto llamada» que fomenta la inquiokupación —el impago sistemático de alquileres por inquilinos que alegan vulnerabilidad— y erosiona el derecho de propiedad.
«Gravísimo»
La protesta, respaldada por figuras como la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, puso el foco en la necesidad de hacer estructural la moratoria.
Belarra calificó de «gravísimo» que el Gobierno no aclare si renovará la medida, que considera «el asidero de supervivencia de miles de personas».
Martínez, por su parte, defendió ampliar el ámbito subjetivo de beneficiarios y «hacer estructural esta medida y dar tranquilidad a la gente cuanto antes».
Sin embargo, el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, templó expectativas en un acto de la Fundación Alternativas el mismo día.
«Para poder hacer una política atrevida se necesita una mayoría parlamentaria y en estos momentos esta es especialmente compleja», afirmó.
Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESC, lideró la delegación manifestante y anunció reuniones con el Gobierno y grupos parlamentarios, incluidos PP, Vox y Junts.
Esos tres partidos tumbaron la prórroga en enero. El rechazo forzó al Ejecutivo a reintroducirla semanas después en otro decreto, apoyado por PP y Junts.
«La correlación parlamentaria no es muy favorable, pero esperamos que Junts sea favorable en esta ocasión», apuntó Escorihuela, en alusión a la inestabilidad tras la ruptura de Junts con el Gobierno el mes pasado.
La medida, nacida del Real Decreto-ley 11/2020, se aprobó en plena pandemia para proteger a hogares vulnerables. Desde entonces, ha sido prorrogada 11 veces.
Organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Amnistía Internacional España, FACUA, UGT, CC. OO. y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES) la respaldan.
La cara oculta
Pero para las plataformas antiokupación, esta protección se ha convertido en un incentivo perverso.
Ricardo Bravo, portavoz de la PAO, sostiene que la moratoria recae sobre los pequeños propietarios.
En una entrevista con The Epoch Times España explicó: «La inquiokupación surge con este Real Decreto y lo que hemos visto es cómo ha ido creciendo exponencialmente al ver que no había ningún tipo de consecuencias legales para quien dejaba de pagar y se declaraba vulnerable».
Datos del Ministerio del Interior registraron 16 426 denuncias por usurpación y allanamiento en 2024, un repunte del 7,4 % respecto a 2023.
Pero Bravo critica que estas cifras subestiman la realidad: «Nosotros recibimos un 20 % de llamadas de ocupaciones, mientras que el 80 % del resto de llamadas son de inquiokupaciones. Esto significa que con el total que acabábamos de hacer podemos multiplicar por cuatro los datos reales de ocupación en España».
En total, la PAO estima más de 80 000 afectados, sumando no denuncias, —el 30 % opta por vías extrajudiciales— y casos civiles no penalizados.
«España tiene hoy el mayor problema de ocupación en Europa», asegura Bravo.
Otros países desalojan en horas gracias a herramientas rápidas, mientras en España la moratoria paraliza procedimientos hasta 20 meses o más.
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Si bien es cierto que la Ley Orgánica 1/2025 acelera los juicios por allanamiento, excluye la inquiokupación, que sigue en vía civil.
«Hay que considerar que no se ha arreglado absolutamente nada», lamenta Bravo.
La ASVAL, por su parte, alerta que prolongar la moratoria «supondría profundizar en la inseguridad jurídica, erosionar el derecho de propiedad y frenar aún más la oferta de viviendas en alquiler».
Citan que el 80 % de recuperaciones son extrajudiciales, por «la quiebra de la confianza en el sistema judicial». Además, el 99 % de derivaciones a Servicios Sociales no recibe respuesta, dejando a propietarios pagando deudas ajenas.
Testimonios de un calvario silencioso
Los afectados relatan historias que ilustran el drama.
Olga, de 66 años, vio su piso en Albacete ocupado desde 2023. «Lo he pasado francamente mal», relató a The Epoch Times España detallando que enfrentó deudas de 286 euros en agua por 14 empadronados ilegales, muebles quemados y paredes deterioradas.
Rosa y Jesús, jubilados de 72 y 76 años en Denia (Alicante), alquilaron su casita —comprada con sus ahorros de toda una vida— en 2021. La inquilina no paga desde enero de 2022. «Se niega a irse», lamentó con desesperación Rosa a The Epoch Times España.
Maria Luisa Lozano Lambea sufrió los estragos de la inquiokupación desde el 2020 cuando recibió en su piso de Carabanchel alto, Madrid, a una inquilina que le rompió la lavadora, la nevera, las paredes y el suelo. Maria Luisa se presentó en el portal de su piso con un saco de dormir y pasó allí varias noches en protesta por el impago de su inquilina. Los medios de comunicación hicieron eco de la situación y, al final, la presión mediática fue lo que provocó que su inquilina abandonara el piso. Dejó una deuda de más de 20 000 euros.
Mayte quiere vender su piso ubicado en Nou Barris, Barcelona, porque solo le trae malos recuerdos. Ella lo alquiló en 2024 a una pareja de colombianos con tres niños que dejaron de pagar el alquiler a finales del mismo año. Después de muchas idas y vueltas con la justicia, los desalojaron, aunque dejaron estragos por todas partes: rompieron la vitrocerámica, la lavadora y el frigorífico ya no funcionaban, y también destrozaron un mueble del salón.
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Doble castigo
La moratoria no solo paraliza desahucios, sino que obliga a propietarios a tributar por rentas no cobradas.
Una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) del 24 de junio clasifica impagos como rendimientos íntegros en IRPF.
José María Salcedo, abogado fiscalista, lo llama «doble castigo» para los propietarios: por un lado, dejan de percibir la renta mensual por la inquiokupación —que para muchos pequeños arrendadores representa una parte esencial de sus ingresos—; por otro, se les fuerza a tributar por ingresos ficticios, inflando artificialmente su factura fiscal.
La situación es más agravante, teniendo en cuenta que —según la PAO— el 93 % de propietarios son particulares con una sola vivienda, usando rentas para pensiones o hipotecas.
España ha perdido 120 000 alquileres en dos años desde la Ley de Vivienda. La rentabilidad bruta cayó a 6,9 % en el tercer trimestre de 2025.
Francisco Iñareta, de Idealista, denuncia este «éxodo masivo» de propietarios que prefieren vaciar pisos ante la inseguridad.
Más de 23 000 viviendas okupadas están en venta, con descuentos del 50 % en provincias como Girona y Sevilla.
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En este marco de incertidumbre queda latente la pregunta si se aprobará o no una nueva prórroga.
En enero, Vox, PP y Junts votaron en contra del decreto «ómnibus», aunque luego estas dos últimas formaciones apoyaron el nuevo decreto del Ejecutivo.
Una encuesta del CIS de noviembre, muestra que la vivienda es el principal problema para cerca del 40 % de los españoles (un récord histórico), por encima de la economía o la sanidad.
Mientras tanto, el reloj corre hacia el 31 de diciembre, y con él, miles de historias pendientes de justicia.
Con información de EFE
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