Al anunciar el lanzamiento de un documento de identidad digital que será obligatorio a partir de 2029, Keir Starmer ha reavivado una batalla cultural que parecía haber quedado sepultada en un país donde la mera idea de un documento de identidad nacional sigue siendo, para la derecha, sinónimo de vigilancia estatal. Como era de esperar, el eco de esta polémica cruza el Canal de la Mancha, pues la Unión Europea también está impulsando su cartera de identidad digital.
La noticia ha provocado una gran polémica. El viernes, el primer ministro laborista Keir Starmer anunció la próxima creación de un documento de identidad digital obligatorio, destinado tanto a los británicos como a los residentes extranjeros. Este título, totalmente digital y descargable en el móvil, es presentado por Downing Street, contra todo lo que cabría esperar de la izquierda, como una herramienta para luchar contra el trabajo ilegal y la inmigración clandestina. «Dificultará el trabajo ilegal en el país», aseguró el jefe del gobierno.
Huelga decir que el argumento no convence a la oposición: «Alemania adoptó este tipo de tarjeta y no supuso ninguna diferencia. Tampoco la supondrá aquí», refutó inmediatamente Nigel Farage, afirmando que la identidad digital no es, en realidad, más que «un medio de control de la población ». El líder del partido Reform UK denunció con dureza un instrumento de vigilancia que permitirá a las autoridades seguir «lo que hacemos, lo que gastamos y dónde nos movemos», en una lógica que recuerda a la del pase sanitario durante la crisis del COVID-19.
La líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, también se ha pronunciado al respecto. En un mensaje publicado en X, prometió que los conservadores «se opondrán a cualquier intento de imponer un documento de identidad obligatorio a los ciudadanos honrados». Y subrayó que ningún sistema «debe privar de sus derechos a quienes decidan no utilizarlo».
Tras el anuncio del primer ministro, se publicó en la página web del parlamento británico una petición titulada «No introduzcan la identidad digital». En poco más de 24 horas, ya había recogido más de dos millones de firmas.
Un viejo tema político
No sorprende que el movimiento de protesta sea aún más intenso, dado que el Reino Unido nunca ha tenido un documento nacional de identidad. Para demostrar la edad en un pub o acceder a un estadio, basta con el carné de conducir o el pasaporte.
Sin embargo, la idea de implantar un documento de este tipo no es nueva. Ya había resurgido tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, bajo el gobierno laborista de Tony Blair. En 2006 se aprobó incluso una ley que instauró el carné de identidad, a pesar de la viva polémica suscitada: sus detractores denunciaron también en este caso un «fichaje socialista» o una «tarjeta prusiana», contraria al espíritu británico. El texto fue finalmente derogado en 2011, con la llegada al poder del conservador David Cameron.
Pero el pasado 24 de septiembre, el Instituto Tony Blair reavivó el debate al recomendar la introducción de un documento de identidad digital y, dos días después, Keir Starmer anunció precisamente su implantación. Esto ha suscitado sospechas: en un artículo publicado por The Spectator titulado «Las identidades digitales son una pesadilla salida de la imaginación de Tony Blair», el periodista Ross Clark se preguntó públicamente si el antiguo primer ministro laborista no tendría algo que ver en ello.
«Un proyecto descabellado del Partido Laborista»
Siempre muy activo en el debate público, Boris Johnson no ha dejado pasar la oportunidad de recordar esta controversia. En una tribuna publicada en el Daily Mail, fiel a su estilo, el ex primer ministro retomó las diatribas de hace veinte años: «No, no, no, mil veces no. No llevaré ningún documento de identidad», insistió entonces, antes de denunciar, a su vez, «un proyecto descabellado del Partido Laborista para controlar a la población británica».
Para el exjefe del gobierno británico, que no duda en preguntarse si Keir Starmer «ha perdido la cabeza», la medida sería «extremadamente costosa, inútil y antibritánica, ya que destruye la libertad individual». Con su característico humor, se preguntó: «¿De verdad quieren que convierta mi precioso iPhone en una especie de Gauleiter digital del gobierno, que vigile todos mis movimientos, grabe mis conversaciones y frunza el ceño ante mis compras de queso y vino?».
Boris Johnson también desestimó el argumento de seguridad de un gobierno al que sus detractores acusan con frecuencia de no llevar a cabo suficientes expulsiones. En su opinión, la legislación actual basta para combatir el trabajo ilegal: los empleadores ya deben verificar el derecho al trabajo de sus empleados, bajo pena de multas de hasta 60 000 libras (69 033 euros). El pasaporte, el visado o el número de la Seguridad Social permiten cumplir con esta obligación.
Y adviertió: «Digan lo que digan hoy, este sistema será vulnerable a los ataques», alertando sobre el riesgo de ciberataques masivos y violaciones de la privacidad.
El talón de Aquiles digital
En declaraciones al Daily Mail, varios expertos en ciberseguridad advirtieron sobre la fragilidad de un dispositivo de este tipo. Para Andrew Orlowski, centralizar todos los datos de los ciudadanos en un único sistema expondría a Gran Bretaña a un «ciberataque de una magnitud sin precedentes», ya sea por parte de un estado hostil o de una organización criminal.
«Imaginemos que se congelaran todas las prestaciones sociales, incluidas las pensiones, que los pasaportes quedaran inutilizables y que se paralizaran funciones vitales de las empresas. Mientras estos servicios no pudieran restablecerse hasta que Downing Street cediera a las exigencias de los piratas informáticos, el Reino Unido podría verse literalmente secuestrado por miles de millones de libras esterlinas».
Jake Moore, asesor de seguridad de la editorial ESET, coincidió: una base de datos de este tipo «atraería a los piratas informáticos como las polillas a la luz».
Cuando Londres se hace eco de Bruselas
Este anuncio al otro lado del Canal de la Mancha tuvo un eco inmediato en Francia. Y es que el proyecto de identidad digital no solo concierne al Reino Unido: forma parte de una dinámica europea que sus detractores no dudan en comparar, en las redes sociales, con un futuro «crédito social al estilo chino».
En virtud del reglamento europeo eIDAS (Electronic Identification and Trust Services, «identidad digital y servicios de confianza» en español), todos los Estados miembro deberán ofrecer a sus ciudadanos una cartera de identidad digital de aquí a noviembre de 2026. Y, a partir de noviembre de 2027, las grandes empresas y plataformas afectadas por la Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés) tendrán la obligación de aceptar esta cartera como método de verificación de identidad.
Como destaca el instituto Xerfi, este dispositivo podría «redefinir el acceso a los servicios públicos y privados». Aunque oficialmente se limita a la simple verificación de la identidad, suscita sospechas, ya que muchos lo ven como una estratagema para instaurar subrepticiamente, paso a paso, una sociedad de control.
En la misma línea y siempre en el marco de la DSA, la Comisión Europea anunció el pasado 14 de julio el lanzamiento de un prototipo de aplicación para la verificación de la edad. Los bancos y las administraciones podrían contribuir a garantizar esta verificación, cuyo objetivo declarado es proteger a los menores.
Una iniciativa que fue acogida con gran entusiasmo por Emmanuel Macron, quien, a principios de junio, había expresado su voluntad de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años «en unos meses» si no se hacía a escala europea.
Pero la perspectiva es preocupante: tanto en Francia como en el resto de la Unión, sería necesaria una identificación digital generalizada de toda la población para acceder a las plataformas. Una medida denunciada incluso por Elon Musk: «La verificación de la edad es el caballo de Troya de la censura estatal», escribió en X.
Y los usos podrían ampliarse rápidamente. Una aplicación de este tipo podría servir para otros ámbitos, como la compra de alcohol, señala Le Point. Para los defensores de las libertades públicas, el peligro es evidente: bajo pretextos legítimos, se trataría, explica el periodista Michael Shellenberger, de «centralizar los datos mediante identidades digitales, conectando entre sí la información procedente de las redes sociales, la vacunación y el sector bancario, para permitir un mayor control por parte del Estado». Y advierte: «El proyecto de identidad digital del gobierno de Starmer debería ser una señal de alarma para todos nosotros».
Artículo publicado originalmente en The Epoch Times Francia con el título « Contrôle de la population », « fichage socialiste »… La droite britannique déclare la guerre au projet d’identité numérique de Keir Starmer».
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