En octubre comenzó la campaña 2025-2026 del aceite de oliva, marcada por la incertidumbre en el sector. El Gobierno baraja una norma que obligaría a las productoras que superen ciertos umbrales a retirar el excedente, y en el terreno, los olivareros exigen medidas ante el hundimiento del precio en origen y una brecha cada vez mayor con lo que paga el consumidor en el supermercado.
Un análisis de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió el 1 de octubre que, si la medida entra en vigor, podría elevar los precios y afectar a la calidad del aceite disponible para los consumidores. Como respuesta, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), dijo que la norma puede ser beneficiosa y que las afirmaciones de la CNMC se inclinan más hacia los intereses de la industria que de los productores y consumidores.
«La medida puede encarecer los precios y reducir la variedad y calidad del producto», declaró la CNMC.
Además, sostuvo que «afecta a un sector estratégico para España, que es líder mundial en producción y exportaciones, y con mucho peso en las zonas rurales».
En opinión de la comisión, aunque la normativa europea y nacional permiten tales medidas, estas «pueden ser perjudiciales para los consumidores, especialmente para los de rentas más bajas», y otros eslabones de operadores también se verían perjudicados, «como los distribuidores y exportadores, al encarecer los precios y reducir la variedad y calidad del producto».
La retirada se establecería si el nivel de existencias iniciales de la campaña más las estimaciones de producción es igual o superior al 120 % del nivel medio de las seis campañas anteriores, según el borrador del proyecto de orden del Ministerio de Agricultura, difundido como consulta pública entre el 17 de julio y el 7 de agosto.
El porcentaje de retirada podrá llegar hasta un máximo del 20 % de la producción estimada y afectaría a las productoras que en las últimas seis campañas alcanzaron un promedio de al menos 100 toneladas de aceite de oliva, dice el documento de la norma.
COAG: Afirmaciones de la CNMC «desvirtúan el verdadero objetivo de la medida»
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) criticó el 6 de octubre las estimaciones de la Comisión afirmando que «desvirtúan el verdadero objetivo de la medida y revelan la alineación del organismo con los intereses de la industria y del comercio frente a productores y consumidores» y denunció a la CNMC por no actuar frente a los desorbitados márgenes comerciales entre el precio de origen y el precio al consumidor.
Estas previsiones «dejan en evidencia a quién sirve realmente la CNMC. Se trata de un organismo público que debería velar por la transparencia y el correcto funcionamiento del mercado. Con este comunicado, no solo incumple su cometido, sino que lo pervierte: desprotege a los consumidores y da cobertura a quienes especulan con el aceite de oliva», declaró el responsable estatal de Olivar de COAG, Juan Luis Ávila.
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Según la COAG, el objetivo de las medidas de retirada «no es encarecer el producto, como sostiene la CNMC, sino dotar de estabilidad al mercado, garantizando precios razonables para los consumidores y un mínimo de viabilidad para los productores».
La organización expone que, según el estudio elaborado por investigadores de las Universidades de Jaén, Córdoba y el IFAPA, aunque a corto plazo pueda haber un ligero aumento de precios en el destino, a medio y largo plazo la norma contribuirá a rebajar y estabilizar estos precios.
Esto evitaría «situaciones como las vividas en las dos últimas campañas, en las que la escasez disparó los precios hasta niveles prohibitivos» y muchos hogares vieron «obligados a dejar de consumir aceite de oliva por sus precios inasumibles», destaca Ávila.
En su opinión, esta renuncia al aceite de oliva nacional «no solo afecta a la economía familiar, sino también a la salud pública, porque los consumidores han sustituido un producto básico y saludable por otros de menor calidad nutricional».
Ávila denunció además que la CNMC no se pronuncia ni actúa frente a los márgenes comerciales que revelan diferenciales de más de un 500 % [en los precios de las aceitunas] entre lo que percibe el agricultor y lo que paga el consumidor en el lineal, según el Índice de Precios Origen-Destino (IPOD) elaborado por COAG mes a mes.
ASAJA: «Una herramienta preventiva»
El objetivo de la norma de retirada es anticiparse a una posible sobreoferta y contribuir a la estabilización del mercado, de conformidad con el artículo 167 bis del Reglamento (UE) 1308/2013 y el Real Decreto 84/2021, que permite la activación de mecanismos coyunturales en el caso de desequilibrios previsibles, informó ASAJA en el mes de julio.
Una vez aprobada la orden, el ministerio, en coordinación con las comunidades autónomas, elaborará un plan de control para verificar el cumplimiento de la norma. Los controles oficiales recaerán en las autoridades competentes autonómicas, en línea con el reparto competencial del sistema de control agroalimentario.
Unión de Uniones: Puede frenar la posible especulación que acecha a los agricultores
Unión de Uniones pidió en julio que la nueva norma de comercialización del aceite «responda a las inquietudes de los productores» y sirva para «desincentivar prácticas de especulación» en la cadena.
En su opinión, en la nueva norma se debería incorporar el almacenamiento de crisis y ofrecer una estabilidad de precios «tanto al productor como al consumidor», además de flexibilidad para adaptarse a la incertidumbre de los mercados.
La organización subraya que los precios en origen «se han desplomado» cerca de un 50 % (de 9 €/kg en enero de 2024 a 3,50 €/kg en junio de 2025) y denuncia la brecha frente a otros mercados como Italia (9,60 €/kg vs. España a 3,59 €/kg).
Según Unión de Uniones, los distribuidores amasan los beneficios a costa de toda la cadena, mientras que al consumidor apenas se le traslada las caídas de precios de origen.
«El sector está exhausto financieramente —más kilos pero menores rendimientos— y vender por debajo de costes es condenar a desaparecer a buena parte del olivar», dijo la organización el 21 de noviembre.
La Comisión sugiere recomendaciones dentro de la nueva norma
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sugirió el 1 de octubre varias recomendaciones. La primera de ellas es reforzar la justificación de la medida, identificando los objetivos y los efectos esperados para los agricultores, operadores y consumidores.
Antes de recurrir a la retirada obligatoria del producto, propone valorar alternativas, como el «almacenamiento privado o los instrumentos de la normativa de la cadena alimentaria».
«Cualquier intervención pública debe ser proporcional, transparente y con el menor impacto posible sobre el funcionamiento competitivo del mercado», dice la CNMC.
También sugiere mejorar la metodología de cálculo y designar a los sujetos obligados «considerando el impacto económico de la obligación de almacenamiento durante la campaña».
En caso de que se dé curso a la retirada de productos, recomienda reforzar los mecanismos de control y seguimiento de la medida, permitiendo su derogación anticipada si las condiciones de mercado cambiaran.
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