En la madrugada del 21 de octubre, un guardia civil de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Huelva decidió acabar con su vida. Fue el caso número 11 en lo que va de año en el Instituto Armado, un cuerpo que protege a millones de españoles pero que parece incapaz de salvaguardar la salud mental de sus propios miembros.
La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), no tardó en reaccionar.
En un comunicado emitido el 22 de octubre desde su sede en Madrid, denunció la «gravísima dejación de funciones por parte de la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) en la implementación de medidas efectivas de prevención de estas situaciones».
Este trágico suceso en Huelva no es aislado. Según datos manejados por JUCIL, desde enero hasta octubre de este año se han registrado al menos 11 suicidios entre los 80 000 efectivos de la Guardia Civil.
La tasa, que alcanza el 0,17% —veinte veces superior al 0,0085% de la población general española— convierte al cuerpo en uno de los colectivos profesionales con mayor incidencia de esta tragedia en Europa.
Suicidios y protocolos obsoletos
El suicidio es la primera causa de muerte no natural en la Guardia Civil, superando incluso a las bajas en acto de servicio. Así lo alertó la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en su informe del 10 de septiembre, con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio.
«Es inasumible que se sigan ignorando los factores laborales que llevan a los compañeros a situaciones límite: la presión del trabajo, los horarios interminables, la falta crónica de personal que obliga a duplicar turnos y la escasez de medios», afirmaron desde JUCIL en su nota del 22 de octubre.
La asociación, que representa a más de 15 000 guardias civiles, exigió «la aprobación inmediata de las normativas pendientes» surgidas de un grupo de trabajo clausurado en octubre de 2022.
Aquel foro, impulsado por la entonces directora general María Gámez —nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez en julio de 2020—, prometió un Real Decreto, una Orden Ministerial y una Orden General para actualizar los protocolos de prevención.
Tres años después, ninguna ha visto la luz. El protocolo actual, basado en autopsias diferidas, concluye sistemáticamente que los suicidios responden a «temas personales», eludiendo la responsabilidad institucional.
«Normativas obsoletas y claramente insuficientes para abordar esta lacra», sentenció JUCIL.
Cifras que alarman
En julio, tras otro suicidio en una unidad de la Guardia Civil donde un agente de baja accedió a un arma reglamentaria, JUCIL remitió un escrito a la actual directora general, Mercedes González —en el cargo desde agosto de 2023—, exigiendo medidas urgentes de control de armamento.
«El arma es una herramienta peligrosa, y su uso correcto es responsabilidad individual de cada agente», recordaba el Manual de Intervención Operativa del cuerpo.
Sin embargo, la custodia en hogares particulares —sin armeros obligatorios en todas las unidades— facilita su uso letal en el 85% de los casos.
Desde 2021, al menos 69 guardias civiles se han quitado la vida, lo que equivale a un suicidio cada 25 días. La media anual oscila entre 12 y 14 casos, una ratio «inconcebible en cualquier empresa», denuncia JUCIL.
Entre 2005 y 2022, en la Guardia Civil se registraron 216 suicidios. En 2024, se registraron 14. Y la tendencia de este año, lamentablemente, apunta a que se podría superar al año anterior.
Factores más allá de lo personal
Expertos en psicología y salud mental coinciden en que el problema trasciende lo personal.
Daniel Jesús López, presidente de la Asociación de Profesionales en Prevención y Posvención del Suicidio (Papageno) y autor del libro ¿Todo por la patria?, analizó en una entrevista con El Correo Web que «en las fuerzas y cuerpos de seguridad concurren varios factores: trabajos con mucho estrés y contacto permanente con situaciones de riesgo».
López, psicólogo especializado en suicidio policial, enfatizó que solo uno de cada cuatro agentes que se suicida estaba de baja laboral, lo que indica una detección deficiente del 75% de los riesgos.
«La estadística nos dice que el acceso a armas de fuego es clave; en el 85% de los casos se usa la reglamentaria», añadió, refiriéndose a un estudio de la Universidad Complutense publicado en la revista Spanish Journal of Psychiatry and Mental Health en abril de 2023.
Aquel trabajo, liderado por Antonio García-Ramos y basado en datos del INE y el Boletín Estadístico de la Guardia Civil de 1990 a 2020, reveló una tasa anual estandarizada de 17,19 suicidios por cada 10 000 agentes.
El incremento en grupos de mediana edad —40 a 49 años y mayores de 50— es alarmante.
En 2025, seis de los 11 casos involucraban a agentes entre 40 y 45 años, según recuentos de AUGC.
López, desde Papageno, aboga por «autopsias psicológicas» para indagar en la vida de las víctimas y elaborar protocolos personalizados.
De hecho, la falta de recursos psicológicos agrava la situación.
En 2024, la Guardia Civil registró cerca de 12 000 bajas médicas, de las cuales más de 1800 —el 14%— fueron por motivos psicológicos, según una denuncia de JUCIL presentada este mes en la Universidad de Salamanca (USAL).
Allí, durante la jornada «Prevención del suicidio en cuerpos de seguridad: cuidar a quienes protegen», organizada con JUPOL y CSIF, expertos como Sonia Valverde, secretaria provincial de JUCIL en Salamanca, lamentaron: «La falta de personal obliga a muchos guardias civiles a duplicar turnos sin descanso, generando un nivel alarmante de agotamiento emocional y burnout».
La jornada, celebrada en la Facultad de Derecho de la USAL, concluyó que las fuerzas de seguridad y los sanitarios lideran las tasas de suicidio en España, con la Guardia Civil a la cabeza.
Opacidad institucional
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska desde junio de 2018, ha sido criticado por su opacidad.
En lo que va del año, no ha publicado estadísticas consolidadas de suicidios en la Guardia Civil y Policía Nacional para este año, a pesar de que el 28 de enero estableció la obligación de informes trimestrales sobre fallecimientos e intentos.
La única confirmación oficial es el caso de un sargento de 43 años en la Comandancia de Cuenca el 20 de agosto. Asociaciones como AUGC denuncian que esta falta de transparencia impide conocer el alcance real: «El suicidio constituye la principal causa de muerte no natural en la Guardia Civil y la Policía Nacional, superando incluso a las bajas en acto de servicio. Aunque todavía en 2025 los datos son provisionales y escasos».
Grande-Marlaska impulsó en 2020 un plan antisuicidios, pero JUCIL lo califica de fracaso a la luz de las últimos datos oficiales.
En este marco, la última denuncia de JUCIL resuena como un llamado urgente.
«Lamentamos profundamente cada vida perdida. Y nos duele saber que hemos fallado como Institución, al no proporcionar los medios y recursos necesarios para resolver sus problemas de salud mental. Las personas son lo primero, y una vida humana no tiene precio», concluyeron.
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