Comentario:
En el Palacio de la Moncloa, el pasado 4 de diciembre de 2025, se celebró la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos, un encuentro que, bajo la presidencia de Pedro Sánchez y su homólogo Aziz Akhannouch, debería haber simbolizado una relación bilateral equilibrada. Sin embargo, lo que emergió de aquellas tres horas de deliberaciones a puerta cerrada fue un nuevo capítulo en la saga de cesiones españolas: una declaración conjunta que reafirma el apoyo de Madrid al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental bajo soberanía de Rabat, avalando la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU como «la solución más factible».
No hubo conferencia de prensa, ni explicaciones públicas; solo un comunicado de 119 puntos subido a la web de Presidencia, como si la transparencia fuera un lujo prescindible en diplomacia. Mientras Marruecos publica en sus redes el extracto que le conviene, con la bandera española ondeando a su lado como un trofeo, España guarda silencio, cediendo no solo territorio simbólico, sino la narrativa misma de lo acordado. Este episodio no es un lapsus diplomático; es el reflejo de una sumisión estructural, alimentada por presiones migratorias, chantajes cibernéticos y una codicia marroquí —que ya no se disimula— por las Canarias.
Para entender esta deriva, conviene retroceder en el tiempo y desgranar el conflicto del Sáhara Occidental. El Sáhara no es un mero pleito territorial, es una herida abierta en el mapa postcolonial africano. En 1884, España estableció allí su protectorado, administrándolo hasta 1975 como potencia responsable bajo el derecho internacional. Ese año, ante la inminencia de la descolonización, la ONU aprobó la Resolución 1514, que consagra el derecho de los pueblos a la libre determinación.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya, en su dictamen de 1975, rechazó las pretensiones marroquíes de soberanía histórica, confirmando que el pueblo saharaui tiene derecho a decidir su futuro mediante referéndum. Sin embargo, Marruecos, bajo Hassan II, orquestó la Marcha Verde: 350 000 civiles cruzaron la frontera, un movimiento que Rabat presentó como retorno ancestral, pero que fue una invasión disfrazada. España, debilitada por la agonía de Franco, firmó los Acuerdos de Madrid, cediendo el territorio a Marruecos y Mauritania sin consultar a los saharauis. Así nació el exilio del Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocida por más de 80 países, pero ignorada por Occidente en su afán por estabilidad.
Desde entonces, la ONU ha renovado anualmente el mandato de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental), con la promesa de ese plebiscito pendiente desde 1991. Pero Marruecos ha obstruido sistemáticamente el proceso: manipulando censos, importando colonos, y haciéndose amo y señor de todo el territorio; llegando incluso a desarrollar planes de explotación de sus recursos, como documentó el informe del enviado especial de la ONU Hans Corell en el año 2002.
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En 2020, EE. UU. reconoció la soberanía marroquí a cambio de la normalización con Israel, un precedente que Francia siguió en 2024. España, por su parte, mantuvo hasta 2021 una postura neutral, defendiendo el referéndum. Pero todo cambió con la crisis migratoria de Ceuta en abril de ese año: Marruecos abrió las fronteras, permitiendo el paso ilegal de 10 000 inmigrantes en un sólo día, como represalia a la hospitalización de Brahim Ghali, líder del Polisario, en Logroño. Sánchez respondió un año después con una carta secreta a Mohamed VI, reconociendo el plan de autonomía marroquí —que reserva a Rabat el control de defensa, fronteras y relaciones exteriores— como «la base más seria, creíble y realista». Fue un giro de 180 grados, censurado al Congreso español y que, irónicamente, no detuvo las llegadas hostiles de inmigrantes ilegales a España desde territorio marroquí, como así quedó de manifiesto ante lo sucedido el verano de ese mismo año en la Ciudad Autónoma de Melilla.
La RAN celebrada este mes de diciembre no ha cambiado nada, simplemente ha refrendado la posición de superioridad diplomática de Marruecos ante una España en estado de sumisión. El régimen alauí ratifica así lo expresado en la carta de 2022 y la Resolución 2797, que, aunque menciona la «autodeterminación», prioriza el plan marroquí como «base de negociación» sin condiciones previas. España «acoge con satisfacción» este texto, omitiendo en la declaración conjunta las alusiones explícitas a la libre determinación que sí figuran en la resolución original.
Se firmaron 14 acuerdos de cooperación: desde migración y aduanas hasta agricultura sostenible y preparación para el Mundial 2030. Marruecos, sin embargo, buscaba más; fuentes diplomáticas revelan que Rabat pretendía un reconocimiento pleno de su soberanía sobre el Sáhara a cambio de «garantías» sobre las Canarias, incluyendo control aéreo desde Las Palmas y explotación compartida del monte Tropic, un yacimiento submarino rico en telurio, cobalto y tierras raras, vitales para la transición verde europea. Sánchez rechazó el trueque, pero la opacidad del encuentro —sin Sumar en la mesa, pese a su veto público de Yolanda Díaz— huele a debilidad. Díaz irrumpió en Instagram con un vídeo: «No vamos a ceder ni un centímetro de tierra saharaui. ¡Viva el Sáhara libre!», recitando al poeta saharaui Mohamed Salem Ould Salek. Su ausencia en la cumbre, junto a la de otros ministros de izquierda, evidencia las grietas en la coalición.
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Esta sumisión no surge de la nada; tiene raíces en un escándalo que humilla a la democracia española: el caso Pegasus. En 2021, durante la misma crisis de Ceuta, el software espía israelí —desarrollado por NSO Group— infectó los móviles de Sánchez y ministros como Robles, Marlaska y Planas. La intrusión, atribuida a Marruecos, extrajo datos sensibles durante meses. El Centro Criptológico Nacional lo detectó en 2022, pero el caso se archivó provisionalmente en 2023. Francia, víctima similar, compartió en abril de 2024 datos que reabrieron la investigación en la Audiencia Nacional: IP, dominios y patrones de tráfico apuntan a Rabat, que habría espiado también a activistas saharauis y periodistas exiliados. ¿Coincidencia que la carta de Sánchez llegue semanas después? El espionaje no es un detalle técnico; es un chantaje cibernético que condiciona la política exterior. Marruecos, con su red de inteligencia híbrida —mafias migratorias, propaganda en redes y ciberataques—, dicta el tempo. Mientras España negocia en secreto, Rabat postea en redes sociales su victoria.
Las implicaciones van más allá del Sáhara. Reconocer implícitamente el expansionismo marroquí —que ya reclama Ceuta, Melilla y Canarias bajo el sueño del Gran Marruecos de Hassan II— erosiona nuestra soberanía atlántica. El monte Tropic, a 300 km de Gran Canaria, alberga reservas que Marruecos codicia para su Marruecos Atlántico, solapando mapas marítimos y usando la inmigración como ariete. En 2025, los asaltos a Ceuta y Melilla persisten, y el bloqueo aduanero en estas ciudades autónomas ha paralizado el comercio. Sánchez elogia la «lealtad» marroquí en materia de inmigración, pero omite cómo Rabat la usa como arma. Esta diplomacia de cesiones no resuelve; agrava. Legitima un régimen que Amnistía Internacional acusa de torturas a saharauis y represión en Dajla, mientras España, potencia administradora histórica, traiciona su legado.
El Sáhara es un espejo de nuestra decadencia geopolítica. Sánchez no es España; su gobierno, lastrado por Pegasus y presiones internas —pérdida de apoyos de Junts, vetos en el Congreso—, prioriza la supervivencia política sobre el derecho internacional. Exijamos transparencia, que se publique íntegro lo negociado, que se denuncie en la ONU esta ocupación, que se refuercen fronteras y se impulse un referéndum real. Movilicémonos por Ceuta, Melilla y Canarias, no como enclaves periféricos, sino como baluartes de nuestra identidad. Si no, el robo del Sáhara será preludio de codicias mayores. ¿Hasta cuándo toleraremos que Marruecos lleve la batuta en nuestra propia casa? La historia nos juzgará no por lo callado, sino por lo actuado. Viva un Sáhara libre; viva una España soberana.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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